Existe la percepción de que hay legisladores y altos funcionarios de nuevo ingreso proclives a incluir en una declaración jurada fortunas y bienes que no poseen, pero que proyectan adquirir a lo largo del periodo que dure su gestión.
Si un legislador o funcionario de la administración pública presenta una declaración jurada falsa, contentiva de bienes y propiedades fantasmas, entonces estamos ante un legislador o funcionario con una mentalidad delictiva, que actúa bajo premeditación, pasible de que caiga sobre él todo el peso de la Justicia.
Pero tratándose de una declaración jurada, tipificado como un documento transparente, idóneo, legal y dotado de absoluta credibilidad, no sería tarea fácil torcer sus fines; de manera que para hacerlo deben intervenir un conjunto de profesionales; y de hacerlo para actuar contrario a las leyes, eso tiene un nombre. Comúnmente se le llama asociación de malhechores.
De manera que quien se preste a certificar fortunas o bienes fantasmas, dudosos o inexistentes, también es parte del engaño y funciona como cómplice y, por tanto, también es pasible de ser sometido a la Justicia. De tratarse de contadores públicos autorizados, inmobiliarias, agencias de vehículos, abogados y notarios, hay procedimientos infalibles con el propósito de retirarles sus acreditaciones, de manera que no puedan incursionar en la actividad comercial o ejercer sus respectivas profesiones.
La comunicación hoy es global. La sociedad civil y los ciudadanos tienen mecanismos, asociados o de manera particular, para dejar escuchar sus críticas y opiniones. De ser más que una percepción la falsedad en las declaraciones juradas, hay que empezar a dar nombres, antes de que esta se convierta en una práctica y se expanda como plaga incontrolable.
