Santo Domingo.-Los pactos y consultas sociales han sido algo cotidianos en el devenir de la vida institucional dominicana, lo cual ha permitido parir importantes iniciativas legislativas o sobrepasar crisis políticas profundas.
Las dos reformas constitucionales que no han sido para instaurar la reelección fueron fruto de amplios acuerdos políticos o sociales.
La de 1994, que vino como consecuencia de la crisis post electoral de ese año, permitió iniciar la primera ola de reforma del Poder Judicial con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y la separación de las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales.
De igual manera, una amplia consulta social dio a luz la Constitución de 2010, una de las más avanzadas y que incorpora derechos de cuarta generación a favor de los ciudadanos.
Reformas políticas
En la actualidad los partidos políticos han abierto un espacio de diálogo del que se espera salgan importantes reformas políticas, tales como la ley de partidos para regular el accionar de esas organizaciones o Ley Electoral, para adecuarla a los nuevos preceptos constitucionales.
A esas discusiones serán incorporadas organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se han agrupado en la denominada “Iniciativa por la institucionalidad democrática”, que encabeza el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Esas entidades señalan que “en todo lo que ha tenido relevancia en la sociedad dominicana del último cuarto de siglo ha participado activamente la sociedad civil, en sus múltiples expresiones de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, académicas, sin fines de lucro, religiosas, populares y comunitarias”.
Indican también que leyes importantes como los códigos Laboral, Civil o Penal, la Seguridad Social y numerosas leyes orgánicas han sido fruto de consenso y la participación activa de las organizaciones sociales junto con los partidos políticos.
“No hay la menor razón para que la participación ya lograda no prosiga con las leyes de partido y del régimen electoral, que se vienen discutiendo desde hace más de dos décadas, y en la selección de los integrantes de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las altas cortes, como ya ocurrió antes”, puntualizan.
Puertas abiertas
Los partidos políticos abrieron las puertas a estas organizaciones en el diálogo que coordina monseñor Agripino Núñez Collado, aunque los congresistas oficialistas indican que eso no implica una renuncia a las facultades que les confiere la Constitución de la República, tales como la designación de los miembros de la Junta Central Electoral y los de la Cámara de Cuentas.