El año 2019 nos alcanza con una noticia trágica: el asesinato del joven militar Oriano Montero Encarnación, sorprendido por un delincuente haitiano, presumiblemente traficante de drogas, quien le disparó a mansalva.
Noticias trágicas como esta, por lo frecuente, y aunque nos amargan en lo profundo, ya no sorprenden. Días atrás, otro uniformado perdió un brazo gracias a un machetazo que le fue asestado por un haitiano. Meses atrás, decenas de dominicanos fallecieron a consecuencias de clerén envenenado distribuido por haitianos en las comunidades fronterizas.
Cielo García, una hermosa adolescente que se rehusó a acceder a las pretensiones de un sujeto de esa etnia, fue agredida a machetazos y perdió sus dos brazos. Se trata de la cultura de esos sujetos, de una forma de vida, de una manera primitiva de enfrentar cualquier diferencia.
A pocos sorprende que las autoridades parezcan no sentirse preocupadas por esta presencia masiva de haitianos que se registra en todas partes.
Es de pensarse en suscripción de concertaciones y arreglos para que esta lúgubre ocupación haya alcanzado los inconcebibles niveles actuales. Poco o nada se hace para detener ese flujo masivo que ha sustituido la mano de obra nacional en la construcción, la agricultura, el comercio. Nada para impedir el tránsito de parturientas a nuestros hospitales, de dementes, impedidos, niños, adolescentes, mendigos a nuestras calles y barrios.
Mientras países ricos hacen valer sus fronteras y la protección de sus instituciones, la República Dominicana, un país pobre y endeudado, se orienta en sentido contrario. Extranjeros indeseables asesinan y agreden sin reparo a ciudadanos, militares y, funcionarios de migración, roban la tranquilidad a los vecinos, ensucian las calles, toman los espacios públicos y demandan ser tratados en “igualdad de condiciones” con los dominicanos. Y ni qué decir del incremento de asesinatos, delitos, violaciones sexuales, atracos, ocupaciones ilegales de propiedades y sangrientos escalamientos que se registran a cada momento.
Este estado de cosas debe ser afrontado con todo vigor por todos y cada uno de los dominicanos y sus instituciones, pese a que las autoridades han optado por situarse a un lado. Es preciso coordinar un gran esfuerzo nacional para dar la cara a un problema que ha devenido en uno de los más peligrosos que haya confrontado el país en toda su historia.
Quienes auspician esta situación –autoridades, empresarios empleadores, políticos tendenciosos, personas que reciben significativas asignaciones en efectivo de las ONG gracias a George Soros y otros sectores antinacionales- dieron muestras en el año 2018 de sus intenciones de seguir avanzando en sus aviesos programas.
Nadie que se precie de amar este país debe quedarse de brazos cruzados. Hay que demandar la rigurosa aplicación de la ley de Migración y la deportación masiva de haitianos ilegales y legales que no apliquen, reducir la presencia haitiana a lo estrictamente imprescindible, cumplir con las leyes de trabajo, sellar la frontera (la solución menos costosa es la de erigir un muro) y prohibir a los consulados dominicanos en Haití el otorgamiento masivo de visas cuyo fin principal es enriquecer a quienes las otorgan.
Los dominicanos, a su vez y sin excusas, deben proteger la integridad de su país de esta deplorable invasión promovida por sectores antinacionales a los que en nada importa la suerte y el destino de la República Dominicana ni sus legítimos habitantes.
