Madrid – «¡No a la ley de seguridad ciudadana!», grita un grupo de prostitutas en una manifestación en Madrid contra esta nueva legislación que les impone multas a ellas y a sus clientes y, en opinión de las «trabajadoras del sexo», las fragiliza.
En el polígono industrial de Marconi, uno de los puntos calientes de la prostitución madrileña, las mujeres muestran su realidad diaria en una pequeña obra de teatro: dos prostitutas que recorren la calle son objeto de un control de identidad por parte de la policía.
La escena, aseguran, se ha convertido en habitual. En España, la prostitución se encuentra en un vacío legal: no está prohibida, ni explícitamente autorizada. Y cada municipio puede regularla como le parezca.
Así, antes de la adopción de la ley de seguridad ciudadana, ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla imponían multas. A partir de julio, la mayoría parlamentaria conservadora española decidió imponer saciones para atajar la prostitución, un problema con respuestas muy variadas en Europa, que van desde la prohibición total de Suecia hasta una legalidad en Alemania no exenta de controversia.
En España, la ley prohíbe los «actos de exhibición obscena» y la prostitución cerca de lugares «destinados al uso de menores como establecimientos escolares, parques infantiles o espacios de ocio».
La infracción, calificada de grave, puede ser sancionada con multas de hasta 600 euros para las prostitutas y 30.000 euros (32.350 dólares) para sus clientes.
«Si hay una ley que lo estigmatiza, hace que los pactos con los clientes sean más rápidos, más precarios, te lleva a que te vayas a unos sitios más lejanos a ofrecer tus servicios y eso conlleva una peligrosidad», se lamenta Ninfa Vera, una prostituta ecuatoriana, en Madrid. «Esta ley nos convierte en criminales», denuncia, vestida de policía para la obra teatral.
Ninfa milita en la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (Afemtras) que reúne a las prostitutas del barrio de Marconi. También el colectivo Hetaira, compuesto de prostitutas «libres», denuncia múltiples «humillaciones, agresiones verbales, insultos homófobos y racistas» procedentes, afirman, de algunos policías.
Antes las cámaras, las manifestantes rasgan y tiran a grandes bolsas de basura los prejuicios que ellas mismas habían escrito en varias pancartas: «Hay que multar a los clientes para salvar a las mujeres prostituidas», «Las prostitutas son las que ensucian la calle».
Prostituirse ‘sin molestar’
La ley «trata de evitar que se ejerza la prostitución cerca del entorno donde conviven los menores; una reivindicación de los vecinos de la zona desde hace más de 16 años», defiende por su parte la delegación del gobierno español en la región de Madrid.
Maribel Díaz, presidenta de la asociación de vecinos Residencial Resina, asegura que «al salir a comprar (…) puedes ver lo que ves, lo mismo una felación como a uno masturbándose, o el acto sexual en la calle».
«Nosotras pedimos espacios donde podamos trabajar sin molestar, sin ser molestadas, la normalización de nuestro trabajo», responde Vera.
Para la ONG española Anesvad, que lucha contra la trata de seres humanos, 80% de las mujeres que se prostituyen lo hacen contra su voluntad.
Las víctimas proceden principalmente de Rumanía, Brasil, Paraguay, Nigeria y China, según el ministerio del Interior. A raíz de la mediatización del caso de una prostituta rumana sancionada hace unos meses, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, exjuez de izquierdas, había criticado la «aplicación burocrática» de la ley mediante multas.
«La ley de seguridad ciudadana no aborda los problemas, sino que sanciona exclusivamente sus efectos», afirmó, lamentando que «se castigue a las víctimas cuando no seamos capaces de detener, de sancionar, de enjuiciar a los responsables de su situación, que son las mafias que comercian con ellas de una manera ilegal».
Inspirándose en el modelo nórdico, el parlamento europeo adoptó una resolución en 2014 invitando a todos los Estados miembros a sancionar a los clientes en lugar de a las prostitutas.
