Desde el Gobierno se transmite una señal, que en el papel apuesta por la expansión de la educación superior: se levantan Centros Universitarios en todas las provincias, se invierte en edificios, equipos y personal, y se aprueban partidas adicionales para que funcionen. Pero, la actual gestión de la universidad parece caminar en dirección opuesta: la docencia se virtualiza “a discreción” y la presencialidad en los centros se reduce semestre tras semestre. El resultado es paradójico: infraestructura nueva que se queda vacía, centros que se vuelven “elefantes blancos” y estudiantes que, al no encontrar secciones, se frustran y desertan. La universidad construida para encontrarnos termina convirtiéndose en un lugar donde casi nadie se encuentra.
Aquí se abre un dilema de fondo. Una política pública coherente debería alinear inversión física con oferta académica, planificación docente y servicios estudiantiles. Si, en cambio, la oferta presencial se contrae —con una reducción de secciones que se percibe cercana a un 30% en lo que va de gestión—, la señal que se envía es de desarticulación: tenemos aulas, pero no clases; matrícula, pero no trayectorias; presupuesto, pero no vida académica. La virtualidad, valiosa como complemento y herramienta de inclusión, termina usada como sustituto donde hace falta presencia, comunidad y acompañamiento.
En este punto, la comunidad universitaria corre el riesgo de normalizar lo anómalo: “es lo que hay”, “así gestionan ahora”, “este rector solo piensa en dinero”. Esa lectura, que reduce a la universidad a un balance de costos, confunde administración con conducción académica. La universidad no es un negocio que optimiza metros cuadrados y nóminas; es un bien público que organiza conocimiento, desarrolla ciudadanía y produce movilidad social. Cuando la lógica gerencial se impone sin contrapesos académicos, el campus deja de ser un espacio de formación y se vuelve un gasto que “hay que recortar”.
¿Hay una intención deliberada detrás de este rumbo? Tres hipótesis merecen discusión abierta:
1) Improvisación/miopía gerencial. Se privilegia la “eficiencia” de corto plazo (virtualizar reduce costos visibles) sin medir costos de largo plazo (deserción, pérdida de calidad, reputación).
2) Desalineación con la política gubernamental. Mientras el Estado impulsa presencia territorial —incluso apoyando instalaciones presenciales de universidades privadas en polos de desarrollo como Pedernales—, la universidad pública contrae su presencia. Es una contradicción que exige explicación.
3) Reconfiguración del sistema hacia privatización de facto. La inversión en infraestructura pública sin oferta académica sostenida abre espacio a proveedores privados que sí ocuparán el territorio y la demanda insatisfecha. No hace falta “vender” la UASD para desmontarla; basta con vaciarla de vida académica y trasladar, silenciosamente, estudiantes y prestigio a otros actores.
Sea cual sea la hipótesis correcta —o la combinación de ellas—, el efecto es el mismo: pérdida de misión, de presencia y de confianza. Y una universidad pública sin estudiantes en sus aulas es una universidad más fácil de cuestionar, recortar o sustituir.
La pregunta obligada, entonces, no es solo si existe un “plan” para desmontar la UASD, sino qué plan tenemos nosotros para impedirlo. Un plan académico serio implica: (i) reponer oferta presencial donde hay infraestructura y demanda; (ii) usar la virtualidad como complemento estratégico —no como coartada—; (iii) transparentar cifras de matrícula, deserción y apertura/cierre de secciones por centro; (iv) pactar con las comunidades locales una cartera de carreras pertinente; y (v) someter a escrutinio las decisiones que afecten la misión universitaria.
Porque, al final, la disyuntiva es simple: o la virtualidad amplía la universidad, o la sustituye. Si la sustituye, no estamos innovando; estamos desmontando. Y eso, en una casa de altos estudios que pertenece al pueblo dominicano, no puede decidirse por inercia ni por conveniencia contable, sino por un compromiso claro con la educación pública, presencial y de calidad en todo el territorio.
