La decisión del Gobierno de desistir de la instalación de una planta de tratamiento y valorización de residuos sólidos en La Cuaba, municipio Pedro Brand, merece una reflexión que vaya mucho más allá de celebrar el triunfo de una comunidad que durante meses se mantuvo firme en defensa de su territorio.
Lo ocurrido deja importantes lecciones sobre planificación, gestión municipal, participación ciudadana y, sobre todo, la manera en que se toman decisiones que terminan afectando la vida de miles de personas.
Comencemos por reconocer una realidad que nadie puede desconocer. El Gran Santo Domingo tiene un problema serio con la disposición final de sus residuos sólidos. Cada día producimos miles de toneladas de basura que necesitan un destino técnicamente adecuado. Necesitamos infraestructuras modernas, inversiones, tecnologías y soluciones sostenibles. Seguir postergando esas decisiones tampoco es una opción responsable.
Pero una cosa es reconocer la necesidad de construir esas instalaciones y otra muy distinta es entender que cualquier territorio está obligado a recibirlas.
El proyecto de La Cuaba contaba con autorizaciones ambientales y sus promotores defendían las bondades técnicas de la inversión. Sin embargo, algo falló en el proceso. Una parte importante de la comunidad nunca terminó convencida de que aquella instalación representara una solución compatible con su entorno, sus recursos naturales y sus expectativas de desarrollo.
Y aquí aparece una cuestión que quienes trabajamos con los gobiernos locales conocemos bastante bien, y es que una licencia ambiental puede autorizar una obra, pero no garantiza la aceptación de una comunidad.
La viabilidad de una infraestructura de esta naturaleza no puede limitarse al cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos. Debe incorporar la realidad territorial, la confianza ciudadana y la participación efectiva de quienes tendrán que convivir con sus consecuencias. Tampoco podemos convertir la resistencia comunitaria en un mecanismo automático para rechazar cualquier inversión. Las ciudades necesitan equipamientos que, aunque indispensables, difícilmente resulten atractivos para las comunidades donde se pretende instalarlos. Precisamente por eso existen la planificación territorial, los estudios de impacto, las consultas públicas y los gobiernos locales.
Lo preocupante sería que, después de tantos meses de enfrentamientos, simplemente se decida trasladar el proyecto a otro lugar sin corregir las debilidades que originaron el conflicto.
Porque entonces no habremos resuelto el problema. Apenas habremos cambiado su ubicación.
Hay otro aspecto que merece atención. ¿Qué papel desempeñaron las autoridades municipales durante este proceso? ¿Hasta dónde participaron en la evaluación territorial? ¿Fueron verdaderos interlocutores entre la comunidad, el Gobierno y los inversionistas?
Estas preguntas son pertinentes porque seguimos administrando asuntos territoriales de enorme trascendencia con una participación municipal que muchas veces resulta insuficiente.
La Cuaba debe servir para revisar nuestros procedimientos de autorización, consulta y coordinación institucional. También para comprender que proteger la inversión privada y respetar los derechos comunitarios no tienen por qué ser objetivos incompatibles.
La decisión gubernamental cerró un conflicto, pero dejó pendiente una discusión que no podemos seguir postergando sobre dónde, cómo y bajo qué condiciones construiremos las infraestructuras que nuestras ciudades necesitan.
Celebrar la paz alcanzada es correcto. Aprender de lo ocurrido es una obligación. Porque la verdadera solución no consiste en llevarle el problema a otra comunidad, sino en construir un modelo de gestión capaz de evitar que vuelva a repetirse.
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