Cada episodio de lluvia intensa vuelve a mostrar una realidad que aún no enfrentamos con suficiente profundidad. El agua no crea todos los problemas de nuestras ciudades. En muchos casos, los encuentra acumulados y los hace visibles. Imbornales obstruidos, cañadas ocupadas, residuos en las calles, construcciones sin control y drenajes insuficientes aparecen entonces como parte de una misma debilidad urbana.
Durante las lluvias recientes, los ayuntamientos del Gran Santo Domingo movilizaron brigadas, limpiaron filtrantes, instalaron centros de mando y recorrieron sectores vulnerables. Esas respuestas son necesarias. El servidor municipal que trabaja bajo lluvia, remueve basura o auxilia una familia cumple una función. Sin embargo, el despliegue durante la emergencia no puede sustituir la planificación previa.
La lluvia funciona como una auditoría urbana porque revela si el mantenimiento fue realizado a tiempo, si los puntos críticos estaban identificados y si las instituciones conocen el territorio que administran. También permite comprobar si existe coordinación entre alcaldías, Obras Públicas, Defensa Civil, corporaciones de acueductos y otras entidades de drenaje y prevención de riesgos.
El problema surge cuando medimos la respuesta por la cantidad de brigadistas desplegados y no por los resultados. Informar que cientos de personas están en las calles demuestra capacidad de movilización, pero deja preguntas pendientes. Cuántos imbornales funcionaron, cuánto tardó en bajar el agua, cuáles viviendas resultaron afectadas, qué volumen de residuos fue retirado y cuáles puntos volvieron a inundarse.
Los municipios necesitan pasar del operativo ocasional a un sistema permanente de gestión del riesgo urbano. Cada ayuntamiento debería disponer de un mapa actualizado de inundaciones, cañadas, filtrantes, pendientes, asentamientos vulnerables y lugares donde se acumulan residuos. Ese instrumento debe estar conectado con un calendario verificable de mantenimiento y con responsables identificados.
También hace falta publicar indicadores sencillos. La ciudadanía debería conocer cuántos imbornales existen, cuándo fueron limpiados, cuál empresa o brigada realizó el trabajo y qué resultado produjo. La tecnología permite registrar esas intervenciones mediante fotografías, ubicación geográfica, fecha y estado de cada estructura. No se requiere una plataforma costosa para comenzar. Se requiere organización, disciplina y voluntad de informar.
Las cañadas merecen un tratamiento especial. Limpiarlas después de una emergencia puede reducir temporalmente el peligro, pero no resuelve la ocupación de sus márgenes, las descargas de aguas residuales, la acumulación de desechos ni la exposición de las familias. Cada intervención debe integrar saneamiento, ordenamiento territorial, protección ambiental, reubicación cuando sea necesaria y participación comunitaria.
La responsabilidad ciudadana cuenta. Arrojar residuos en calles y cañadas afecta el drenaje y aumenta el riesgo colectivo. Pero la corresponsabilidad no puede utilizarse para ocultar fallas institucionales. El ayuntamiento debe garantizar rutas regulares de recolección, fiscalización, educación y espacios adecuados para disponer los residuos. Después puede exigir con mayor legitimidad el cumplimiento de las normas.
Propongo que cada episodio de lluvias concluya con un informe municipal público. Debe indicar daños, sectores afectados, recursos utilizados, intervenciones realizadas, fallas detectadas y acciones correctivas. Ese documento permitiría comparar eventos, aprender de los errores y orientar el presupuesto hacia los puntos que realmente necesitan inversión.
Una ciudad preparada no es la que despliega más brigadas cuando comienza a llover. Es la que conoce sus riesgos, mantiene su infraestructura, evita ocupaciones indebidas, informa con transparencia y corrige antes de la próxima tormenta. La lluvia seguirá llegando. Lo que debe cambiar es nuestra manera de administrar la ciudad.
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