Guatemala.–Millares de indígenas y campesinos guatemaltecos manifestaron ayer en las calles de la capital para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez, cuyo gobierno se encuentra acorralado por varios escándalos de corrupción.
El dirigente Francisco Sandoval dijo que la marcha tiene como objetivo pedir la renuncia del mandatario, así como la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la actual Constitución de 1985.
Entre los manifestantes se destacaban mujeres indígenas ataviadas con sus trajes multicolores que portaban banderas de sus organizaciones, mientras otras se cubrían con sombrillas del inclemente sol.
El último capítulo de esta trama se registró ayer con el arresto de directores del banco central y de la seguridad social, acusados de fraude fiscal por la fiscalía.
Mientras los manifestantes se concentraban en el centro de la capital con llamados a erradicar la corrupción, la cúpula directriz del Banco de Guatemala (Banguat, central) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fueron arrestados acusados de participar de un fraude por 14,5 millones de dólares en este organismo.
Entre los detenidos figura el presidente del IGSS, el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano al mandatario, y el presidente del Banguat, Julio Suárez, indicó el Ministerio Público (fiscalía) en un comunicado.
Pérez había nombrado a Rodríguez, quien se había desempeñado anteriormente como secretario privado del mandatario, al frente del IGSS en abril de 2013 para combatir la corrupción en esa institución.
De acuerdo con la fiscalía, los detenidos están involucrados en la adjudicación irregular de un contrato del IGSS por 116 millones de quetzales (unos 14,5 millones de dólares al cambio) en favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala.
En tanto, el presidente Otto Pérez Molina, anunció hoyAdemás, anunció que el próximo 1 de junio serán desintervenidos los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla, los principales de Guatemala, así como el aeropuerto internacional La Aurora.
Las tres instituciones fueron intervenidas por el mandatario en 2012 como parte de las medidas gubernamentales contra el contrabando, y ahora estarán comandadas por una junta directiva, como parte de las medidas anticorrupción del Ejecutivo.
