Por Víctor Féliz Solano

Desde la casa de Gobierno el 7 de diciembre del 2021, en un acto rimbombante fue anunciado el lanzamiento del Fideicomiso Do Sostenible. El presidente Abinader en esa ocasión informó que a través de la Dirección Ejecutiva del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, en la primera etapa a ejecutarse en el período 2022-2023, tendrá un costo total de 13,290 millones de pesos; agregó igualmente que esta suma total, el Fideicomiso Do Sostenible y el Poder Ejecutivo serán responsables de financiar el 16.2 %, es decir, 2,158 millones de pesos y el resto será financiado por el sector privado, con una inversión de 11,132 millones.

El presidente Abinader anunció que “con la implementación de estas acciones se estaría reduciendo el impacto causado por la generación de residuos sólidos y a su vez solucionando un 40 % del problema de desechos a nivel nacional”.

El pasado 27 de febrero en su discurso de rendición de cuentas el propio presidente de la República, más de un año después, dijo exactamente lo mismo. En marzo el Congreso Nacional aprueba un préstamo por poco más de 2,400 millones de pesos cifra que coincide con el 16.2 % que correspondería a la suma que aportaría el Gobierno como su parte a invertir.

El 30 de junio pasado en otro acto celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional los números ya son astronómicos, del 40 % que se habló en febrero mágicamente subió a 65 % y del monto a invertir de 11,132 millones de pesos subió a más de 46,000 millones.

A todas luces las cifras no cuadran, pues si al inicio del fideicomiso el cálculo se hizo para impactar positivamente el 40 % de los residuos del país con aproximadamente 13 mil millones de pesos, entonces si las matemáticas conservan su esencia, el restante 60 % necesitaría poco más de 19 mil millones. Es decir, el total del problema serían 32 mil millones de pesos lo que dista mucho de los 46 mil millones que se anunció en junio.

Nuestra preocupación no es especialmente por las alteraciones de las estadísticas y cifras, cosa que ya nos tiene acostumbrado el gobierno en este tema, sino lo que se persigue con estas acciones.

Cuando fue aprobada la Ley 225-20 sobre la Gestión integral de Residuos Sólidos y Coprocesamiento, se inició con un mal paso y fue incluir en las disposiciones transitorias citadas el numeral 8 del párrafo II el siguiente texto: “El fideicomiso tendrá la facultad de pagarle a los gestores de residuos sólidos ya establecidos, antes de la entrada en vigencia de esta ley, reconociéndole las toneladas procesadas que estén debidamente certificadas por las autoridades municipales de cada caso (sic)”.

Como podrán ver, a todas luces este dispositivo transitorio es violatorio al principio universal de la irretroactividad de la ley. Pero, además colisiona con el artículo 110 de la Constitución dominicana por lo cual no queda la más mínima de las dudas que esta disposición transitoria es inconstitucional.

Por esta razón es que intuimos que con estos astronómicos números que anuncian lo que se persigue es ajustar las estadísticas a los fines de pagar deudas generadas antes de la entrada en vigencia de la ley suma que ascendería a más de 3,000 millones de pesos cosa que pondría en riesgo la seguridad jurídica de las acciones que realice este fideicomiso en sus maniobras financieras.

No es justo que un instrumento tan vital para la solución del manejo de los residuos sólidos sea manejado con fines políticos y propagandísticos.