Llama poderosamente la atención el sometimiento realizado ayer por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) sobre supuestas graves irregularidades “cometidas deliberadamente” en la formalización de los contratos de prestación de servicios para las remodelaciones que se realizan al Estadio Quisqueya, Juan Marichal,
La denuncia penal es contra el ministro de Deportes, Francisco José Camacho Rivas, y Miguel Ángel Fernández, presidente del Patronato de Administración y Cuidado del Estadio Quisqueya, y otros implicados, entre ellos los propietarios y directivos de los dos equipos que tienen su sede en esa instalación, es decir, Leones del Escogido y Tigres del Licey.

Según el sometimiento, “el patronato se maneja en dos direcciones, como ente privado para recaudar por concepto de la celebración del torneo de béisbol, arrendamiento de espacios, arrendamiento de los parqueos y arrendamiento del estadio para espectáculos, por lo que entienden sus miembros que no están obligados a rendirles cuentas ni a las instituciones públicas y mucho menos a terceros.

Sin embargo, cuando quiere que el Estado le provea de recursos para las remodelaciones del parque de béisbol apelan a la condición de ente público, como en efecto lo son, y por vía de consecuencias deben someterse las exigencias de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, como todas aquellas entidades que reciben fondos del presupuesto y someter todos los procesos de compras y contrataciones de empresas para las intervenciones del mismo, respetando los principios de la norma y resoluciones del órgano rector la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas”.

Vamos a esperar que opinará el Ministerio Público sobre este caso, porque todos los gobiernos han hecho aportes antes de cada torneo.