En casos de corrupción, que los implicados vayan a la carcel y que la gente los vea

SANTO DOMINGO.– La percepción de que los actos de corrupción quedan sin consecuencias contribuye a normalizar esas prácticas y hace más difícil que los ciudadanos mantengan comportamientos íntegros, advirtió este miércoles el catedrático español Manuel Villoria.

El experto sostuvo que una política efectiva contra la corrupción requiere que los casos graves sean investigados y sancionados de manera visible, de forma que la sociedad perciba que infringir la ley tiene consecuencias.

“Una de las cosas que yo creo que son esenciales es que el que la hace, la paga. Si usted tiene un caso de corrupción grave, es fundamental que esa persona vaya a la cárcel y que la ciudadanía lo vea”, manifestó.

Villoria habló para EL DÍA previo a impartir la conferencia “La integridad como fundamento del bien común”, en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde abordó la relación entre el comportamiento individual, la fortaleza institucional y la buena gobernanza.

El académico explicó que uno de los mayores obstáculos para combatir la corrupción aparece cuando una sociedad asume que ese comportamiento es generalizado y comienza a considerarlo normal.

Indicó que en esas circunstancias actuar honestamente puede representar un costo para el individuo, debido a que observa cómo otras personas obtienen ventajas económicas, políticas o sociales mediante actuaciones contrarias a las normas.

“Cuando en una sociedad se genera la creencia de que todos los demás son corruptos o de que la corrupción es lo normal, la gente tiende a jugar a ese juego”, señaló.

Administración profesional es antídoto a corrupción

Además de combatir la impunidad, Villoria consideró fundamental contar con una administración pública profesional, imparcial y capaz de aplicar las leyes independientemente de las vinculaciones políticas, familiares o personales de los ciudadanos.

Para ello, planteó que los servidores públicos deben ser seleccionados sobre la base del mérito, contar con posibilidades de desarrollar una carrera profesional y disponer de estabilidad que evite que su permanencia dependa de los cambios de gobierno.

“Ellos sirven no a un partido, no sirven a un gobierno, sirven a un país”, enfatizó.

Villoria recordó que durante anteriores visitas a República Dominicana participó en esfuerzos dirigidos a consolidar un servicio civil de carrera y señaló las dificultades que históricamente supone avanzar en esa dirección cuando la militancia partidaria se convierte en una vía para acceder a puestos públicos.

A su juicio, cuando una persona ingresa a la administración como consecuencia de su vinculación con una organización política puede surgir el dilema de si su lealtad corresponde al Estado o al partido que facilitó su entrada.

Integridad no depende solo del individuo

El especialista sostuvo que, aunque la integridad tiene un componente personal, no puede dejarse exclusivamente en manos de la voluntad de cada individuo.

Las instituciones públicas, empresas y demás organizaciones, explicó, deben crear condiciones que incentiven las actuaciones honestas y desincentiven las conductas contrarias a la ética.

Entre los mecanismos citó códigos éticos, controles internos, sistemas de cumplimiento y canales para denunciar irregularidades, acompañados de protección para quienes informen de manera veraz sobre actos ilegales o corruptos.

“No puedes confiar en que la gente es íntegra. Tienes que formar a la gente, incentivarla y sancionarla”, expresó.

Villoria destacó particularmente la necesidad de proteger a quienes denuncian irregularidades dentro de instituciones públicas y privadas.

El académico preside actualmente en España una autoridad independiente encargada de la protección de informantes de infracciones e ilegalidades.

Familia y escuela

Villoria también atribuyó a la familia un papel esencial en la formación ética, acompañado posteriormente por la escuela, las universidades y los lugares de trabajo.

Explicó que resulta difícil que un niño asimile principios de respeto a las normas cuando recibe determinados valores en la escuela, pero observa comportamientos contrarios dentro de su propio hogar.

Consideró que la participación conjunta de esas instituciones permite construir progresivamente una cultura cívica basada en el respeto a las leyes, necesaria también para el desarrollo económico y la convivencia social.

Tres niveles para alcanzar el bien común

Durante su conferencia, Villoria plantea la integridad desde tres dimensiones: personal, organizacional y estatal.

La primera implica que las personas desarrollen principios y valores coherentes con sus responsabilidades; la segunda requiere que las organizaciones establezcan mecanismos que favorezcan las conductas éticas; mientras que la tercera demanda políticas públicas orientadas hacia la transparencia, la participación ciudadana, la profesionalización del servicio público y la prevención de la corrupción.

“La suma de las tres, integridad personal más integridad en las organizaciones, más integridad en el Estado, una buena gobernanza, dan lugar al bien común”, explicó.

Villoria sostuvo que existe abundante evidencia académica que relaciona una buena gobernanza con mejores resultados económicos y sociales, mientras que la corrupción repercute negativamente en el manejo de los fondos públicos y en la calidad de servicios como la educación y la salud.

El especialista mantiene una relación académica de varios años con República Dominicana y Funglode, donde participó en el desarrollo de programas de maestría vinculados con administración pública, gobierno, seguridad, crisis y emergencias.