Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader llamó este lunes a los ciudadanos a denunciar cualquier acto de corrupción en las instituciones públicas, especialmente cuando funcionarios exijan dinero a cambio de agilizar pagos, contratos o trámites administrativos, y aseguró que su Gobierno actuará contra los responsables, sin importar quiénes sean.
Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el mandatario reconoció que resulta imposible garantizar la ausencia total de corrupción en la administración pública, pero afirmó que su compromiso es evitar que los casos detectados queden impunes.
“Yo no puedo garantizar que no haya corrupción. Lo que sí puedo garantizar es que, si conocemos que hay corrupción, no va a haber impunidad, sea quien sea”, expresó.
Abinader insistió en que la colaboración ciudadana es fundamental para identificar las irregularidades que puedan cometerse en las instituciones estatales, por lo que exhortó a presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes o a través de periodistas y comunicadores.
“No hay necesidad de pagarle a nadie en el Gobierno y, si alguien se lo pide, que lo denuncie, que lo vamos a cancelar, lo vamos a someter a la Justicia”, advirtió.
El jefe de Estado sostuvo que en numerosas ocasiones ha recibido informaciones sobre posibles actos de corrupción y ha solicitado a las personas o asociaciones que las denuncian presentar las evidencias necesarias para iniciar las investigaciones.
Sin embargo, reconoció que una parte importante de quienes señalan irregularidades no formaliza sus denuncias, posiblemente por temor a represalias.
En ese sentido, aseguró que el Gobierno dispone de mecanismos para proteger a los denunciantes y destacó la importancia de fortalecer la legislación sobre protección de testigos e informantes.
“He dicho muchas veces que tengo amigos, pero no tengo socios, y que caiga quien caiga cuando son temas de corrupción”, manifestó.
Retrasos en pagos podrán ser denunciados
Durante la jornada, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la nueva legislación sobre contrataciones establece responsabilidades para los funcionarios que utilicen maniobras administrativas para retrasar injustificadamente los pagos a proveedores del Estado.
Indicó que los afectados pueden presentar sus denuncias ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) o la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
Pimentel destacó que el sistema de seguimiento de pagos permite identificar, en tiempo real, en qué dependencia se encuentra detenido un expediente y durante cuánto tiempo permanece sin avanzar.
“Lo importante que tenemos ahora es que tenemos la trazabilidad en tiempo real”, afirmó.
No obstante, aclaró que los retrasos no necesariamente constituyen hechos de corrupción, debido a que también pueden responder a procedimientos burocráticos o problemas de eficiencia administrativa.
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