SANTO DOMINGO.– Propietarios de empresas que operan bajo la protección de la Ley 28-01, de Incentivo Fronterizo, mostraron preocupación porque muy pronto tendrán que cerrar sus puertas si el Congreso no aprueba una extensión de esa legislación que vence el 1 de febrero de 2021.
Durante un encuentro los empresarios revelaron que más de 10 mil empleos se perderán en esa deprimida región y la pobreza volverá a ser blanco de hogares que hoy tienen sus problemas resueltos.
El empresario Manuel Taveras, presidente de la Asociación de Empresa de Desarrollo Fronterizo, lamentó que el proceso de las jornadas de trabajo que tenían estas comunidades y pueblos se perderán por falta de los incentivos.
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