La Unión Nacional de Empresarios propone un tope de 10 años y la creación de un seguro de desempleo para aliviar la carga sobre las Mipymes y fomentar el empleo formal
Santo Domingo.- El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Leonel Castellano planteó la necesidad de revisar la cesantía ya que, según afirma, se ha convertido en un obstáculo para la formalización del empleo y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.
“La cesantía, tal como está concebida hoy, representa una carga insostenible para muchos sectores productivos. Es necesario ponerle un tope. No puede seguir acumulándose sin límite, porque eso termina perjudicando tanto a las empresas como a los trabajadores”, sostuvo el dirigente empresarial.
Asimismo, propuso establecer un límite de hasta 10 años en la acumulación de prestaciones por cesantía, basado en estudios que indican que ese es el promedio máximo de permanencia de un trabajador en una misma empresa.
Esta medida, asegura, daría previsibilidad a los empleadores y permitiría mayor estabilidad financiera, sobre todo para las Mipymes.
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Además, planteó la creación de un seguro de desempleo que sustituya parcialmente el esquema actual de indemnización. Esta herramienta, explica, compensaría al trabajador en caso de pérdida de empleo sin que el empleador deba asumir cargas desproporcionadas.
“No estamos pidiendo eliminar derechos, sino revisarlos con responsabilidad. Reconocemos los derechos adquiridos de los trabajadores y proponemos que se respeten plenamente. Pero hacia el futuro, el sistema debe ajustarse a una nueva realidad económica y social”, dijo Castellano.
El tema fue discutido en un desayuno empresarial que ofreció la UNE en presencia del ministro de Trabajo, quien aclaró que el componente de la cesantía no está actualmente en discusión dentro del paquete de reformas que se están impulsando.
Pese a esto, Castellano insistió en que el Congreso Nacional debe asumir su responsabilidad y legislar pensando en el desarrollo sostenible del país.
Según Castellanos, uno de los efectos más directos de un esquema de cesantía inflexible es el crecimiento de la informalidad laboral.
“Cuando las empresas no pueden con la carga, optan por no formalizar. Y eso priva a los trabajadores de seguridad social, pensiones y otros beneficios fundamentales”, explicó.
El representante empresarial también expresó preocupación por las condiciones actuales bajo las cuales un trabajador que renuncia pierde todos sus derechos adquiridos, situación que califica como injusta y que también requiere revisión.
La posición de Leonel Castellanos deja claro que el debate no es sobre eliminar la cesantía, sino sobre adaptarla.
“Se han hecho hasta cinco propuestas diferentes, incluyendo topes y seguros de desempleo, pero ninguna ha sido acogida. Urge voluntad política para actualizar el sistema laboral”, concluyó.
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