El sector turismo aboga porque en el proyecto de Ley de Residuos Sólidos contemple la recogida del sargazo.
La recorrida del sargazo y su disposición final debe formar parte de del proyecto de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólido, así entienden empresarios dominicanos.
“Esperábamos que en la Ley de residuos fuera considerada la recogida del sargazo como un residuo de manejo especial, porque, a pesar de tratarse de un residuo orgánico, requiere un manejo especial para recolección y disposición final”, señaló Aguie Lendor, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), al indicar que esperan que el sargazo permita ingreso a los rellenos sanitarios, lo cual hoy resulta imposible.
La solicitud del sector forma parte de las demandas planteadas por empresarios agrupados en otros cinco asociaciones empresariales, los cuales solicitaron hoy al presidente de la República detener la promulgación de esa normativa y retornar la pieza al Congreso Nacional para abrir nuevamente el diálogo y lograr que la misma impulse un mejor manejo de los residuos.
Empresarios agrupados en la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored)y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) advirtieron que el proyecto tal como está diseñado, presenta un serio problema de sostenibilidad financiera.
La presidenta interina de (Ecored), Christy Luciano, explicó que, de más de 8 mil millones de pesos estimados para recaudación anual, cerca de 4 mil millones irían al aumento de tarifas para empresas recolectoras, que actualmente reciben menos de 3 mil millones, y otros 2 mil millones terminarían en los ayuntamientos.
“Es decir, más del 75 % de los recursos quedarían comprometidos desde el inicio, sin considerar el crecimiento en volumen de residuos que deberá atenderse”, sostuvo Luciano al indicar que aún más preocupante resulta que quienes recibirán la mayor parte de esos fondos también tendrían poder de decisión dentro del Consejo del Fideicomiso de Sostenibilidad, lo cual representa un claro conflicto de intereses.
Luciano aclaró que eso no constituye un cuestionamiento al espíritu de la ley, que aseguró apoyan. “Queremos que sepan que Ecored impulsó esa ley sobre residuos”, indicó, al hacer un llamado urgente a revisar arquitectura financiera y gobernanza, y advirtió que, de lo contrario, el sistema nacerá sin capacidad real de inversión en reciclaje, infraestructura y educación sobre residuos.
Indicó que la normativa aprobada debilita pilares de la economía circular, abre la puerta a monopolios funcionales y establece contribuciones tributarias sin estudios financieros.
Puntos críticos de la normativa
Entre los puntos más críticos, señaló un esquema de contribución basado exclusivamente en ingresos brutos, sin tomar en cuenta la cantidad de residuos generados ni esfuerzos de valorización, lo cual penaliza injustamente a las MiPymes.
Además, subrayó que también limita posibilidad de que empresas privadas valoricen directamente residuos, contradiciendo principios de eficiencia y simbiosis industrial.
“Además, permanecen vacíos técnicos en torno a estaciones de transferencia y no exige licitación pública para asignación de contratos clave, lo cual abre la puerta a decisiones discrecionales”, puntualizó.
Revisión
Otro punto importante para empresarios del sector turístico es que a las empresas turísticas exigen planes de sostenibilidad; muchas poseen certificaciones de sostenibilidad impuestas por países de origen. El reciclaje figura como tema fundamental si pretendemos hablar de turismo en los próximos años.
Además, se impone un centro de valorización, y, en ese sentido, la ley explica que funcionará uno cada 70 kilómetros del relleno sanitario, y, a juicio de Asonahores implementan esa regla sin revisión técnica. Cuestionan que la nueva normativa no explique qué ocurrirá con los centros de valorización existentes.
En cuanto al monto, mantienen la postura de que quien más ensucie, más pague, y no según montos generados.
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Dilenni Bonilla
Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con diplomados en Comunicación Estratégica, Economía, Finanzas y Fondos de Pensiones.
