Senabri Silvestre 
SANTO DOMINGO.-Cuando el presidente Danilo Medina anunció el cierre de todas las fronteras del país y las actividades comerciales no esenciales, para cortar el paso de los contagios del Covid-19, se preveía que se iban a producir suspensiones laborales, pero nunca en la magnitud ni con la rapidez en que ocurrió.
El aviso llegó la noche del 16 de marzo pasado, el mismo día en que se reportó el primer caso de transmisión local y la primera muerte por Covi-19 en la República Dominicana, y ya el 24 de marzo (8 días después) más de 770 mil trabajadores estaban suspendidos; pero en cuestión de dos meses ya el 50% del mercado laboral estaba paralizado, incluido el informal.
Apenas era el principio de lo que el ministro de Trabajo, Winston Santos, ve hoy con mucha preocupación, pues estima que muchas de esas suspensiones terminarán como cancelaciones, pudiendo elevar el desempleo abierto de 5.6% a 9% a finales de año.
El descalabro
No fue gradual ni avisado, sino de golpe. El cierre total de los aeropuertos y de las fronteras por mar y tierra entraba en vigencia 36 horas después de la alocución de Medina, lo cual originó una estampida hacia fuera de los hoteles de miles de turistas que se encontraban en ese momento vacacionando en distintos polos turísticos, especialmente en Punta Cana.
Eso dio paso al colapso total de las operaciones del sector turismo, que ya había visto descender la cantidad de visitantes de 599,152 en febrero a 296,283 en marzo (-50.5% en un solo mes), de acuerdo al registro de la llegada de turistas por vía aérea que publica el Banco Central; por eso ya venía suspendiendo empleados desde antes del confinamiento de la población.
No se había terminado ese oscuro mes, cuando la mayoría de los cerca de 350,000 empleados de esa industria habían sido suspendidos casi de manera instantánea, sin disfrute de sueldos o compensaciones.
“Cuando habló el Presidente hace días que ya nos habían mandado porque quedaban muy pocos turistas en los hoteles y la gente venía cancelado reservas», dijo Santos Polanco, ex empleado del hotel Sanctuary Punta Cana, quien ha sufrido el período de suspensión más largo de los cinco años que llevaba en ese complejo.
Aunque no se lo esperaba, tampoco le tomó por sorpresa, puesto que -según cuenta a El DÍA- estaba acostumbrado a pasar por esa agonía.
“Hace tres años estuve suspendido por remodelación del hotel, el año siguiente por temporada baja y también cuando bajó el turismo por la muerte de los turistas; pero nunca por tantos días», explicó el ex camarero promovido a Servicio al Cliente, quien finalmente recibió su carta de cancelación.
El sufrimiento es mutuo
Así como el turismo, el 100% de los colaboradores del sector Construcción, estimado en 300,000 personas, cesó completamente a finales de marzo. Ahí estaban los varilleros, albañiles, maestros constructores y obreros, confesó Susy Gatón, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas.
En la misma lista estaban 160,000 de los 172,000 empleados de Zonas Francas, y una cantidad aún mayor del sector comercial. Vendedores de ropa y enseres del hogar, ferretero, dealers, panaderos, peluqueros y otros microempresarios tuvieron que cerrar sus negocios en marzo, mandando a sus casas hasta 10,000 trabajadores cada cuatro horas, según solicitudes presentadas al Ministerio de Trabajo en las primeras semanas.
“Cuando Danilo dijo que al otro día no se podría abrir quedé en shock. No me pude levantar de la cama, duré el fin de semana en pijama, porque no sabía cómo iba a pagar mis compromisos con mi negocio cerrado”, dijo Evelyn Veras, propietaria del Salón de Belleza Cutpoint Beauty Center, en Santiago.
La ingeniera de profesión, que se define como apasionada de la belleza, narró a EL DÍA que paga mensualmente más de 100,000 pesos de hipoteca de su nuevo local, además de 222,000 pesos de la nómina de sus 18 empleadas, más el pago de la TSS y otros aportes que elevan sus gastos operativos a unos 500,000 pesos al mes “entre o no entre cliente al negocio”.
La peor cifra y el FASE
Conforme pasaban los días iban subiendo el número de suspensiones de empleados a un ritmo preocupante, según comentó el Ministro de Trabajo, Winston Santos.
Tanto así que, según datos de esa entidad, un millón 100 mil trabajadores formales estaban suspendidos hasta el día seis de este mes, lo que supone el 50% del empleo formal, estimado en 2.2 millones.
Pero, según Pepe Abreu, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Unificados (Cnus), antes de la reapertura, iniciada el 20 de mayo, esa cifra superaba los 2.5 millones de personas, incluyendo el mercado informal (2.5 millones).
Por eso el 25 de marzo el Gobierno anunció la implementación de los programas FASE I y II, con los cuales entrega hasta 8,500 pesos mensuales a empleados, con la intención de que las empresas completaran la otra parte de su salario y así mantener los empleos.
A finales de mayo creó el programa Pa´ tí, para apoyo de los trabajadores independientes con 5,000 pesos al mes.
“Si no fuera por esos programas hubiésemos visto un estallido social”, concluyó Pepe Abreu, quien propone al gobierno y los partidos abrir un diálogo para preservar los empleos. Pero eso no será muy fácil, ya que- según Winston Santos- Trabajo recibe personas trámitando cancelaciones.
Mal presagio
—1— Pérdida local
CREES estima se perdería 540, 133 empleos en un escenario base, donde se controlen los nuevos brotes COVID-19.
—1— Pérdida mundial
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) proyecta se perderán 305 millones de puestos de trabajo en el mundo.
