Empleado Obras Públicas que transportaba haitianos será desvinculado; entidad se desliga

Tras ser sorprendido transportando a extranjeros en condición migratoria irregular a bordo de una camioneta oficial, Joely Rafael Ventura Mejía, empleado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), será desvinculado de la institución estatal, según informó este martes el organismo.

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El hecho ocurrió en el municipio de Mao, provincia Valverde, cuando una patrulla del Ejército de la República Dominicana (ERD) interceptó una camioneta Toyota Hilux blanca, placa X311059, propiedad del MOPC, que intentó evadir un punto de control militar en la carretera Desiderio Arias.

En el interior del vehículo eran transportados diez ciudadanos haitianos sin documentación legal, entre ellos cuatro hombres, tres mujeres y tres menores de edad. Ventura Mejía iba acompañado de Francisco Alberto Mejía Salvador al momento de la detención.

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Los extranjeros fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, donde se les aplicará el procedimiento migratorio correspondiente, conforme a la ley vigente. Mientras que los dos ciudadanos dominicanos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Posición oficial

A través de un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) expresó estar al tanto de los hechos que involucran al servidor público provincial en Dajabón, Joely Rafael Ventura Mejía.

La institución indicó que ha iniciado de inmediato los procedimientos administrativos para su desvinculación y que ha puesto a disposición de las autoridades toda la información necesaria para colaborar con la investigación.

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“El Ministerio desaprueba de forma categórica cualquier conducta que contravenga las leyes nacionales, los principios de integridad pública y el correcto uso de los bienes del Estado”, señaló la entidad.

Asimismo, el MOPC subrayó que se trata de una actuación individual y personal, que no representa ni compromete a la institución, la cual mantiene una política de tolerancia cero frente a prácticas ilegales.

“Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes migratorias, la ética en el servicio público y la colaboración absoluta con los organismos responsables de determinar las responsabilidades del caso. Como institución creemos firmemente en el deber de honrar la confianza de la ciudadanía”, concluyó el comunicado.