
Santo Domingo.– Ante un aumento en la demanda de energía que supera los 3,850 megavatios, el gobierno se ve en la urgencia de aumentar la capacidad de instalación de generación energética.
El presidente Luis Abinader emitió un decreto que declara de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras destinadas a incrementar la capacidad de generación eléctrica, suplir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), atender la demanda de los Usuarios No Regulados y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas distribuidoras.
Así indica el decreto 517-25, el cual señala que entre los motivos para emitir esa disposición de emergencia se encuentra que el país podría estar en riesgo inminente de déficit en la capacidad de generación para abastecer la demanda máxima a corto y mediano plazo, principalmente por el retraso en la implementación de proyectos claves de nueva generación.
La declaratoria de emergencia tendrá una duración de doce meses a partir de la entrada en vigor del decreto y solo podrá ser prorrogada mediante una nueva disposición presidencial.
De acuerdo con datos suministrados por la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado al Poder Ejecutivo, de no adoptarse medidas urgentes para incorporar nuevas capacidades de generación pública y privada, la oferta de energía resultaría insuficiente y comprometería la continuidad y seguridad del servicio eléctrico a la población y sectores productivos.
El decreto, firmado el pasado ocho de este mes, autoriza la expansión de la capacidad de generación eléctrica mediante nuevas unidades térmicas de respuesta rápida, que estarán a cargo de las tres empresas distribuidoras de energía, Edesur, Edenorte y Edeeste, y de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
También el mandato dispone la instalación de plataformas de almacenamiento de energía eléctrica independientes o bancos de baterías, así como la compra de equipos, repuestos y materiales destinados a la distribución, transformación, medición y cobro de la energía.
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En ese sentido, el documento explica que entre el 2020 y el 2022 varios factores incidieron en el retraso de las inversiones en el sector eléctrico, y cita la pandemia del Covid-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Además, se contempla la contratación de trabajos de consultoría, asesoría, asistencia técnica, servicios jurídicos, diseños, análisis financieros, estudios técnicos de ingeniería, geología o impacto ambiental, necesarios para la ejecución de los procesos de emergencia.
El documento oficial establece que las instituciones involucradas deberán gestionar las contrataciones a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas y rendir informes detallados a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas.
Añade que los informe deben ser publicado en sus portales institucionales y en el propio Portal Transaccional dentro de los quince días posteriores a la satisfacción de la necesidad.
También designa al Gabinete Eléctrico como instancia de coordinación y supervisión de la aplicación del decreto, con la responsabilidad de rendir informes al Poder Ejecutivo y a los órganos de control del Estado.
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Dilenni Bonilla
Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con diplomados en Comunicación Estratégica, Economía, Finanzas y Fondos de Pensiones.