Hay razones para cuestionar la lentitud con que en el país caminan los casos de corrupción en la esfera judicial. Como muestra dos botones con acento carioca: los confesos sobornos de las empresas Embraer y Odebrecht a funcionarios dominicanos para lograr contratos con el Estado.
Ambas empresas confesaron sus culpas y se comprometieron con las autoridades dominicanas a colaborar en las investigaciones para sancionar a los dominicanos involucrados.
Los procesos contra esas empresas en Estados Unidos, Brasil y República Dominicana concluyeron con condenas y sanciones.
Sin embargo, en ninguno de los dos casos se han obtenido sanciones contra la parte dominicana involucrada en los sobornos.
El caso de Embraer, que admitió haber pagado 3.5 millones de dólares en sobornos para venderle al Estado dominicano aviones Super Tucano, lleva cinco años dando vuelta y no termina de iniciarse el juicio de fondo.
Hay una audiencia preliminar pautada para el 18 de enero.
El caso Odebrecht recorre un camino similar. Los procesos caminan a un ritmo superior cuando los involucrados son innominados o corporativos.
Se han dilatado las sanciones contra los dominicanos involucrados en estos emblemáticos casos.
