Elusión fiscal de las multinacionales y el replanteamiento del sistema tributario internacional

La tributación internacional atraviesa una de las transformaciones más importantes de su historia. La globalización financiera, la digitalización de la economía y la expansión de las empresas multinacionales han puesto en evidencia las limitaciones de un sistema tributario concebido hace casi un siglo, cuando las principales operaciones comerciales se concentraban en bienes tangibles, recursos naturales, ferrocarriles, plantaciones agrícolas e industrias manufactureras.

La Sociedad de las Naciones, establecida después de la Primera Guerra Mundial, impulsó durante el período de entreguerras los primeros esfuerzos multilaterales para coordinar la tributación de las empresas que operaban en diferentes países y evitar la doble imposición internacional. Aquellos trabajos contribuyeron a establecer principios que todavía influyen en los convenios tributarios contemporáneos, particularmente la distribución de las potestades fiscales entre el país de residencia de una empresa y el país donde se generan sus ingresos.

Sin embargo, la economía mundial ha cambiado radicalmente. Las multinacionales ya no dependen exclusivamente de fábricas, minas, plantaciones o establecimientos comerciales físicamente localizados. Actualmente, una proporción creciente de su valor económico procede de patentes, marcas, programas informáticos, algoritmos, servicios digitales, licencias, plataformas electrónicas y conocimientos especializados que pueden comercializarse internacionalmente sin una presencia física proporcional a los ingresos obtenidos.

Esta transformación plantea un problema fundamental: ¿cómo deben distribuirse los derechos de tributación entre los países cuando una empresa genera ingresos en una jurisdicción, registra sus activos intangibles en otra y declara sus beneficios en una tercera?

La respuesta resulta determinante para las economías desarrolladas y, especialmente, para los países en desarrollo que necesitan fortalecer sus ingresos públicos, financiar infraestructuras y servicios sociales y evitar que una parte de las ganancias generadas dentro de sus territorios termine tributando en jurisdicciones con cargas fiscales reducidas.

La elusión fiscal y la erosión de las bases imponibles

La elusión fiscal internacional comprende la utilización de mecanismos legales, estructuras societarias y diferencias entre legislaciones para reducir la obligación tributaria. No toda planificación fiscal es ilícita. Sin embargo, cuando las operaciones se diseñan artificialmente para separar los beneficios declarados de la actividad económica que realmente los genera, pueden producirse situaciones de abuso de convenios, erosión de la base imponible y traslado de beneficios.

Este fenómeno se conoce internacionalmente como Base Erosionand Profit Shifting (BEPS). Consiste, entre otras prácticas, en trasladar utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación mediante pagos por intereses, regalías, servicios intragrupo y otras operaciones que reducen los beneficios declarados en los países donde se desarrolla la actividad productiva.

La competencia tributaria entre Estados también contribuye a esta problemática. Para atraer inversiones, algunos gobiernos ofrecen exenciones temporales, créditos fiscales, depreciaciones aceleradas, zonas económicas especiales y otros incentivos. Estas políticas pueden justificarse cuando promueven inversión adicional, empleo, transferencia tecnológica y exportaciones. No obstante, cuando se generalizan sin evaluaciones de costo-beneficio, pueden reducir la recaudación sin producir los resultados económicos esperados.

El problema no consiste únicamente en determinar qué país ofrece la tasa más baja. También es necesario examinar las diferencias entre las tasas nominales y efectivas, la amplitud de las deducciones, los incentivos sectoriales, los convenios para evitar la doble imposición y la capacidad administrativa para fiscalizar las operaciones internacionales.

Por consiguiente, una reforma tributaria moderna debe conciliar tres objetivos: atraer inversión productiva, impedir el traslado artificial de beneficios y garantizar que las empresas contribuyan de manera proporcional a las actividades económicas que desarrollan.

Los precios de transferencia: el centro del problema

Las transacciones entre empresas vinculadas representan uno de los principales desafíos de la tributación internacional. Una multinacional puede tener filiales dedicadas a la extracción de minerales, la comercialización, el transporte, la financiación, la distribución y la administración de derechos de propiedad intelectual. Aunque pertenezcan al mismo grupo empresarial, cada entidad puede encontrarse sujeta a una legislación tributaria diferente.

El principio de plena competencia, conocido como arm’s length, establece que las operaciones entre empresas relacionadas deben valorarse, en términos generales, como si se realizaran entre partes independientes en condiciones comparables.

Supongamos que una filial dominicana extrae oro y lo vende a otra empresa del mismo grupo situada en el extranjero. Si el precio de transferencia declarado es artificialmente inferior al que correspondería a una operación comparable, la utilidad imponible de la entidad dominicana podría disminuir. Si la diferencia se registra como beneficio en una jurisdicción de menor tributación, el grupo empresarial podría reducir su carga fiscal global.

El análisis no debe limitarse a comparar precios. También requiere examinar la calidad del mineral, las condiciones comerciales, los costos de transporte, los seguros, el financiamiento, los riesgos asumidos y las funciones desempeñadas por cada empresa.

Las dificultades aumentan cuando las transacciones involucran activos intangibles, servicios especializados o derechos de propiedad intelectual para los que no existen operaciones comparables suficientemente fiables. Por eso, las administraciones tributarias necesitan especialistas en valoración económica, contabilidad, minería, tecnología, finanzas y análisis de datos.

Es importante distinguir entre las diferencias de precios que responden a condiciones económicas legítimas y aquellas que carecen de justificación comercial. Una política fiscal eficaz no debe presumir que toda transacción intragrupo es abusiva, sino disponer de instrumentos para identificar, documentar y corregir las operaciones que no respeten las normas aplicables.

Del sistema tradicional a la tributación mínima mundial

Durante décadas, los convenios tributarios bilaterales y los modelos elaborados en el ámbito internacional sirvieron para coordinar las potestades fiscales. Sin embargo, la expansión de las multinacionales y la movilidad de los beneficios pusieron de manifiesto que las respuestas exclusivamente nacionales eran insuficientes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20 impulsaron, a partir de 2013, el proyecto BEPS, cuyo objetivo es combatir las prácticas que erosionan las bases imponibles y trasladan beneficios sin una justificación económica adecuada.

Posteriormente, el Marco Inclusivo de la OCDE/G20 desarrolló una reforma de dos pilares. El primero aborda la distribución de determinados derechos de imposición sobre los beneficios de las grandes multinacionales, particularmente en relación con los mercados donde se encuentran sus consumidores. El segundo establece reglas para aplicar una tributación efectiva mínima del 15 % a los grupos multinacionales comprendidos en su ámbito, generalmente aquellos con ingresos consolidados anuales de al menos 750 millones de euros.

El segundo pilar incorpora mecanismos de inclusión de rentas, imposición complementaria mínima nacional y tributación de beneficios insuficientemente gravados. Su finalidad es reducir los incentivos para trasladar beneficios hacia jurisdicciones con impuestos muy bajos.

No obstante, el impuesto mínimo mundial no constituye un impuesto universal del 15 % aplicado automáticamente a todas las empresas ni sustituye los sistemas tributarios nacionales. Se trata de un conjunto de reglas coordinadas cuya aplicación depende del ámbito de cobertura, las disposiciones vigentes y las características de cada grupo empresarial.

En enero de 2026, los países y jurisdicciones participantes alcanzaron un acuerdo político sobre elementos de coordinación y simplificación del sistema mínimo mundial. Su implementación continúa dependiendo de las disposiciones correspondientes y de la situación legislativa de cada jurisdicción. Por ello, los países deben evaluar cuidadosamente las consecuencias de incorporarse a estas reglas, en especial cuando conceden incentivos tributarios a empresas multinacionales.

Cuadro 1. Evolución de la tributación internacional de las multinacionales

Período o reforma	Países y jurisdicciones representativos	Cambio principal
Décadas de 1920 y 1930	Reino Unido, Francia y otros países europeos	Primeros modelos de convenios para distribuir potestades fiscales y evitar la doble imposición.
Décadas de 1960 y 1970	Países miembros de la OCDE	Consolidación de modelos de convenios y principios de tributación internacional.
1980-2000	Estados Unidos, Irlanda, Luxemburgo y otras jurisdicciones	Intensificación de la competencia tributaria y expansión de estructuras empresariales internacionales.
2000-2013	Economías avanzadas y emergentes	Mayor atención a los precios de transferencia, los paraísos fiscales y los mecanismos de intercambio de información.
2013-2015	Países participantes en el G20 y la OCDE	Elaboración del proyecto BEPS para combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.
2017-2021	Estados Unidos, países europeos y otras economías	Reformas nacionales, desarrollo de medidas contra el traslado de beneficios y negociación de los dos pilares.
Desde 2024	Unión Europea y diversas jurisdicciones participantes	Entrada en vigor de reglas del impuesto mínimo mundial en las jurisdicciones que las adoptaron.
2025-2026	Brasil, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y otras jurisdicciones con legislación aplicable; República Dominicana como referencia regional	Expansión y ajustes del marco de tributación mínima, con diferencias de implementación entre países.

Fuente: Elaboración propia a partir de los antecedentes y documentos sobre tributación corporativa, BEPS y el impuesto mínimo mundial de la OCDE/G20. La tabla resume hitos institucionales; no implica que todos los países mencionados hayan adoptado las mismas normas ni que la República Dominicana aplique automáticamente las reglas del segundo pilar. Véanse la documentación sobre BEPS y el estado de implementación de la OCDE.

Cuadro 2. Tasas nominales del impuesto sobre sociedades y situación de la reforma internacional

País o jurisdicción	Tasa nominal de referencia	Situación tributaria internacional
República Dominicana	27 %	Régimen nacional del impuesto sobre la renta; debe evaluarse la aplicación de reglas complementarias según la legislación vigente.
Estados Unidos	21 % federal	La tributación corporativa federal se combina con impuestos estatales; no debe confundirse con una tasa efectiva mundial uniforme.
España	25 % general	Forma parte del marco europeo de aplicación de las reglas del impuesto mínimo mundial.
Irlanda	12,5 % para determinadas rentas comerciales	Las grandes multinacionales comprendidas en el segundo pilar pueden quedar sujetas a una tributación efectiva mínima del 15 %, de acuerdo con las reglas aplicables.
Brasil	34 % como referencia general combinada	Reformas nacionales y adopción de disposiciones del segundo pilar con aplicación desde 2025.
Chile	27 % para el régimen general de referencia	Mantiene su sistema nacional y participa en la cooperación tributaria internacional.
Colombia	35 % general	Tasa nominal relativamente elevada; la carga efectiva depende de las deducciones, beneficios y demás disposiciones aplicables.
Barbados	9 % general de referencia	Ha desarrollado disposiciones relacionadas con la tributación mínima de grandes multinacionales.
Emiratos Árabes Unidos	9 % general por encima del umbral legal aplicable	Introdujo el impuesto corporativo federal y adoptó reglas relacionadas con el impuesto mínimo mundial para los grupos comprendidos.

Nota metodológica: Las tasas son referencias nominales generales y no equivalen a tasas efectivas efectivamente pagadas. Existen excepciones, regímenes especiales, impuestos subnacionales, diferencias sectoriales y modificaciones legislativas. La tasa dominicana se refiere al impuesto sobre la renta de las personas jurídicas conforme al régimen general. Para comparar las cargas reales, deben analizarse las declaraciones, los incentivos y los impuestos efectivamente pagados.

Fuentes: OCDE, Corporate Tax Statistics 2026; legislación tributaria nacional y documentación de implementación del impuesto mínimo mundial. Las tasas deben verificarse conforme a las disposiciones específicas vigentes para cada período.

La República Dominicana ante los desafíos de la fiscalidad internacional

La República Dominicana no puede permanecer al margen de esta transformación. La inversión extranjera directa constituye una fuente importante de divisas, empleo, capacidad productiva y transferencia tecnológica. Sin embargo, su contribución al desarrollo no debe medirse únicamente por el volumen de capital que ingresa, sino también por los salarios que genera, los encadenamientos productivos que desarrolla, los impuestos que aporta y los conocimientos que transfiere.

El país cuenta con un régimen general de impuesto sobre la renta corporativa del 27 %, además de impuestos indirectos, retenciones y obligaciones sectoriales. El artículo 269 del Código Tributario, establecido mediante la Ley núm. 11-92, dispone que los contribuyentes domiciliados o residentes tributan sobre sus rentas de fuente dominicana y, con las condiciones y excepciones legales correspondientes, sobre determinadas rentas de fuente extranjera provenientes de inversiones y ganancias financieras. Por tanto, no sería correcto afirmar que el régimen dominicano es exclusivamente territorial ni que grava sin distinción todos los ingresos extranjeros.

En materia de fiscalización internacional, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) necesita continuar fortaleciendo los mecanismos de control de precios de transferencia, intercambio de información, identificación de beneficiarios finales y análisis de operaciones entre partes relacionadas. También resulta importante examinar los pagos transfronterizos por intereses, regalías, servicios de administración y asistencia técnica, especialmente cuando las deducciones reducen de manera significativa la base imponible de empresas que operan en sectores de alta rentabilidad.

La minería, el turismo, las telecomunicaciones, la energía, las zonas francas, los servicios empresariales y las plataformas digitales merecen especial atención. Cada sector presenta estructuras de costos, márgenes de rentabilidad y tratamientos tributarios diferentes, por lo que la fiscalización debe adaptarse a sus particularidades.

Esto no significa que las exenciones sean necesariamente perjudiciales. En determinadas circunstancias, pueden compensar costos de entrada, atraer inversiones adicionales o promover actividades que difícilmente se desarrollarían sin incentivos. El desafío consiste en cuantificar sus beneficios y costos fiscales, establecer plazos, medir sus resultados y evitar que se conviertan en privilegios permanentes sin una contraprestación económica verificable.

La inversión extranjera directa y su contribución tributaria

La evolución de la IED dominicana muestra la importancia de diseñar una política tributaria que preserve el atractivo del país sin debilitar su capacidad recaudatoria. Según cifras divulgadas por ProDominicana a partir de datos del Banco Central, los flujos de IED alcanzaron US$4,523.2 millones en 2024 y US$5,032.3 millones en 2025. Este último resultado representó un nuevo máximo histórico.

No obstante, el monto de la inversión extranjera directa no equivale a la renta imponible ni al impuesto pagado por las empresas extranjeras. La IED puede comprender aportes de capital, reinversión de utilidades y financiamiento entre empresas relacionadas. Además, las inversiones realizadas en un año pueden generar ingresos, pérdidas, deducciones e impuestos en períodos posteriores.

Para conocer la contribución tributaria efectiva de la IED se requiere información desagregada de las declaraciones fiscales, el impuesto sobre la renta liquidado y pagado, las retenciones, los incentivos utilizados, los impuestos sectoriales y los reembolsos o créditos correspondientes. Sin esa información, atribuir a las empresas extranjeras una parte determinada de la recaudación general constituiría una estimación no demostrada.

La DGII publica series históricas de recaudación por impuesto y período, pero esas estadísticas agregadas no identifican por sí solas la contribución fiscal de toda la inversión extranjera directa.

Cuadro 3. Evolución de la IED y de la recaudación tributaria general de la República Dominicana, 2010-2026

Año	Flujos de IED (US$ millones)	Recaudación anual de la DGII (RD$ millones)
2010	Serie anual por verificar	183,472
2011	Serie anual por verificar	206,157
2012	Serie anual por verificar	248,107
2013	Serie anual por verificar	285,366
2014	Serie anual por verificar	313,465
2015	2,204.9	320,610
2016	2,406.7	352,552
2017	3,570.7	386,215
2018	2,535.3	430,636
2019	3,021.0	483,127
2020	2,559.6	442,709
2021	3,196.8	607,453
2022	4,098.8	656,820
2023	4,390.2	766,908
2024	4,523.2	846,459
2025	5,032.3	913,749
2026	Año en curso; cierre anual pendiente	Cierre anual pendiente

Fuentes: ProDominicana y Banco Central de la República Dominicana, estadísticas de inversión extranjera directa; Ministerio de Hacienda y Economía y DGII, series de ingresos fiscales. Los importes de recaudación corresponden al conjunto de contribuyentes y conceptos recaudados por la DGII, no exclusivamente a empresas de capital extranjero. Los datos de IED de 2010-2014 deben completarse a partir de la serie histórica oficial homogénea antes de publicar el cuadro como una serie íntegra. Los valores de 2026 no representan resultados anuales cerrados.

El cuadro permite observar dos tendencias: el crecimiento de la inversión extranjera directa en los años más recientes y la expansión nominal de la recaudación administrada por la DGII. Sin embargo, no demuestra que el aumento de la IED haya causado directamente el crecimiento de los ingresos fiscales. Para establecer esa relación habría que descontar la inflación, examinar el crecimiento de la economía, distinguir los impuestos directos e indirectos y determinar cuánto pagaron efectivamente las empresas receptoras de inversión extranjera.

La transparencia de estos datos es indispensable. Publicar estadísticas agregadas por sector, origen del capital, régimen de incentivos e impuestos efectivamente pagados —respetando el secreto tributario— permitiría evaluar la rentabilidad social de los incentivos y comparar la contribución fiscal de las distintas actividades económicas.

Reformar sin desalentar la inversión productiva

La solución no consiste en elevar indiscriminadamente las tasas impositivas ni en conceder exenciones para competir con cualquier jurisdicción de baja tributación. Una política moderna debe combinar reglas claras, administración eficiente, estabilidad jurídica y fiscalización basada en riesgos.

La República Dominicana debería avanzar en cinco direcciones. Primero, evaluar periódicamente el costo fiscal de las exenciones y publicar sus resultados. Segundo, fortalecer las capacidades técnicas de la DGII para fiscalizar operaciones transfronterizas y activos intangibles. Tercero, mejorar el intercambio de información tributaria y la identificación de los beneficiarios finales. Cuarto, analizar las ventajas y los costos de adoptar instrumentos nacionales compatibles con las reglas internacionales de tributación mínima cuando corresponda. Quinto, establecer indicadores verificables que relacionen los incentivos concedidos con la creación de empleo formal, las exportaciones, la innovación y el desarrollo de proveedores locales.

También resulta necesario evaluar las consecuencias distributivas de la reforma internacional. Los países con grandes mercados y sedes de empresas multinacionales disponen de capacidades administrativas y de negociación que no siempre poseen las economías pequeñas. Por esa razón, los acuerdos multilaterales deben preservar un espacio fiscal razonable para los países donde se desarrollan las actividades productivas y se generan los recursos naturales, los servicios y los mercados que sostienen las ganancias empresariales.

Conclusión

La elusión fiscal de las multinacionales no puede enfrentarse exclusivamente mediante reformas nacionales aisladas. La movilidad del capital, la digitalización y la complejidad de las operaciones intragrupo exigen cooperación internacional, intercambio de información y administraciones tributarias con mayores capacidades técnicas.

Para la República Dominicana, el reto consiste en mantener su atractivo como destino de inversión sin sacrificar ingresos públicos ni permitir que los incentivos se conviertan en mecanismos de erosión fiscal. Una estrategia equilibrada debe distinguir la inversión productiva de las estructuras diseñadas principalmente para trasladar beneficios, medir los resultados de las exenciones y garantizar que las empresas contribuyan de acuerdo con la actividad económica y las obligaciones tributarias que les correspondan.

El replanteamiento del sistema tributario internacional será verdaderamente eficaz cuando la competencia entre países deje de descansar en la reducción indiscriminada de impuestos y se oriente hacia la productividad, la innovación, la transparencia y una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización.

El autor es economista.

Bibliografía y fuentes de consulta

• Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Estadísticas y boletines de recaudación tributaria. República Dominicana.

• República Dominicana. Ley núm. 11-92, Código Tributario, especialmente artículo 269 y disposiciones relativas al impuesto sobre la renta.

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Corporate Tax Statistics 2026.

• OCDE/G20. Documentación del proyecto BEPS y de las reglas del impuesto mínimo mundial, pilares uno y dos.

• Banco Central de la República Dominicana. Estadísticas del sector externo e inversión extranjera directa.

• ProDominicana. Informes y estadísticas sobre los flujos de inversión extranjera directa correspondientes a 2015-2025.

• Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana. Series históricas de ingresos fiscales.

OECD+2

• Sobre la evolución de las tasas: la OCDE informa que la tasa nominal corporativa media de las 146 jurisdicciones cubiertas en su edición de 2026 se situó en el 21.2 %, frente al 28 % en 2000. Esta comparación es más sólida para explicar la evolución internacional que atribuir una misma trayectoria a todos los países.

OECD+1

• Sobre la IED dominicana: ProDominicana informó un flujo de US$5,032.3 millones en 2025. Para una versión final con cuadros plenamente auditables, conviene incorporar la serie histórica oficial completa del Banco Central y obtener de la DGII los datos tributarios desagregados por actividad y régimen fiscal.

ProDominicana+2