El Ministro de la Presidencia ha declarado que el funcionario que no entregue su declaración jurada de bienes, como ordena la ley, será sacado de nómina a partir del primero de diciembre.
Los otros poderes del Estado ni se han dado por aludidos.
La reacción inicial sería alabar el ultimátum tramitado a través del Ministro y anunciado desde el Palacio Nacional.
Sin embargo, lo que esa acción refleja es un relajamiento del cumplimiento de las leyes por parte de quienes juraron cumplirlas y hacerlas cumplir.
¿Cuáles razones podrían impedir que un funcionario haga su declaración jurada de bienes tal como establece la ley?
La ley que obliga a los funcionarios públicos a hacer la declaración jurada de bienes manda a presentarla a más tardar 30 días después de asumir el cargo, y establece la destitución como sanción para quien no cumple.
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de establecer nuevos plazos o decidir si impone o no la sanción establecida. Está obligado a cumplir la disposición legal.
