Cuando desde la familia a un niño se le induce, se le obliga o se expone a la realización de tareas para las que no está física ni mentalmente maduro y de las cuales derivan un pago económico a sus parientes u otras personas, nos hallamos ante alguna forma de trabajo infantil.
En los casos en que al niño, o niña, se le obliga, la consideración sobrepasa el concepto de trabajo y entra en el de esclavitud.
Las sociedades de estos tiempos tienden a combatir estas formas de trabajo, tanto cuando se trata de inducción como cuando media la compulsión, bajo el entendido de que con ellas se violan derechos, se le impide al niño un desarrollo sano al imponérsele tareas que no están acordes con su capacidad de comprensión ni con su edad, y se le sustrae de otras consideradas convenientes.
En las calles de la Capital pueden ser vistos casos, particularmente en los mercados y sus entornos, en áreas comerciales y en el campo, que a ojos vista denuncian la exposición excesiva de menores de 14 años a tareas excesivas para su edad.
Un acuerdo entre la procuradora general, Miriam Germán Brito, y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, ha llamado la atención sobre esta realidad.
Particularmente porque el Código de Trabajo, en su título II, artículo 244 y siguientes, lo prohíbe, a menos que se produzca en beneficio “del arte, de la ciencia o de la enseñanza”.
Algunas tareas pueden ser autorizadas a partir de los 14 años, con las debidas regulaciones de condiciones y horarios, pero cualquiera que haya llegado hasta este punto puede estar preguntándose, ¿qué pasa con tantos menores de edad en las calles vendiendo al pregón en camionetas o en otras tareas de adultos? La autoridad pública, con el personal para el caso, está en las condiciones de ocuparse de estas ilegalidades.
