*Por Víctor Féliz

Las transformaciones que sufrió la municipalidad en la región en la década de los 80’s no afectaron de manera simultánea a nuestro país, pero al paso de los años la presión por la transparencia, la interdependencia en temas como cambio climático y desarrollo local nos fue equiparando a estándares exigidos por sociedades globales que debido al avance de las tecnologías de la comunicación se fueron haciendo en cada ola de cambios, muy parecidas a las nuestras. No es un secreto para nadie que la esencia misma de los ayuntamientos es brindar servicios a sus munícipes, por lo tanto, las actividades de corte mercuriales fueron las más desarrolladas por las autoridades locales en los últimos 20 años.

El ciudadano del siglo XXI es un ente global, la migración crece y con ella la transculturación y experiencias vividas se van mezclando hasta convertir al ser humano en un ser más exigente y demandante en la calidad de los servicios por los que paga. Ya no solo quieren que se le recoja la basura, sino que la misma se haga diferenciada y que el destino final de esos desechos sean manejados con criterios adaptables al cambio climático y con ello que afecte lo menos posible al planeta. Pero también requieren calles iluminadas, aceras para caminar seguros, transporte público más útil y eficiente, parques, y por qué no decir, que demandan wifi gratis en áreas públicas, comercio organizado y dinámico, en fin, una ciudad más amigable, inclusiva y sostenible.

En la República Dominicana la legislación que enmarca todo lo relativo a los gobiernos locales es la No.176-07 del año 2007 y en su artículo 19 sobre las competencias propias del ayuntamiento se enlistan una serie de deberes y obligaciones que podemos decir que han sido tratados bajo la misma modalidad por ser eminentemente de vocación municipal.

En procura de alcanzar el nivel de exigencia que los ciudadanos globales les demandan a los gobiernos locales, muchas autoridades han buscado fórmulas para lograrlo. Algunas de esas formulas no han sido las ideales, pero debido a la realidad que viven y atendiendo a los magros recursos que reciben por diversas vías de recaudo, se han visto en la necesidad de tercerizar obligaciones que le competen a cambio de poder brindarlas, corriendo el riesgo de que esto sea visto como un “negocio oneroso”. Es malo pagar por un servicio de recolección de residuos que funcione con algunas debilidades, pero es peor no recogerla y afrontar las consecuencias derivadas en temas como la salud colectiva.

No solo se deben tener los recursos para obras y servicios, sino además para poseer un equipo de técnicos en planificación, desarrollo y gestión técnica municipal.

Los ayuntamientos son más que residuos sólidos y actividades derivadas de esta actividad, son espacios públicos, tránsito urbano, deporte, salud, cementerios, parques, medioambiente, alumbrado público, seguridad ciudadana entre otros. Tenemos las herramientas para la fiscalización del manejo de los caudales municipales, no debemos temer en ponerlas en práctica, pues con estas acciones también podremos velar por la calidad del gasto.

Este año 2021 a duras penas, los gobiernos locales recibirán cerca del 30% de los recursos que deben recibir según la ley 166-03 sobre la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado Dominicano (un 3% en vez del 10%). Alianzas PP bien concebidas y transparentes, fideicomisos para desarrollo del comercio y turístico podrían devolver la confianza en los munícipes.

Para hacer cosas obviamente se necesita dinero y para hacer grandes cosas entonces se necesita mucho dinero.