*Por Jorge Corporán
En la República Dominicana, la gestión del sistema penitenciario recae sobre la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). Este organismo tiene como principal cometido dirigir, controlar y supervisar los centros de detención, buscando garantizar un cumplimiento de las penas bajo condiciones dignas y humanas. La finalidad última no es otra que lograr una efectiva reinserción social de los individuos privados de libertad, en conflicto con la ley penal.
El sistema carcelario dominicano se bifurca entre dos realidades: el viejo modelo, con 23 centros, y el nuevo modelo, actualmente conformado por 12 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR). Esta división se encuentra regulada por la ley 113-21, cuyo objetivo es rehabilitar a los individuos para su posterior reinserción social. A pesar de estos esfuerzos, la situación es crítica, particularmente en los centros del viejo modelo, donde prevalecen condiciones deplorables y de hacinamiento, como es el caso de la Cárcel de la Victoria y 15 de Azua.
Según datos de la DGSPC, la población carcelaria asciende a alrededor de 25,600 personas. De estas, un 60% cumple prisión preventiva y un 40% ha sido condenada. La mayoría de esta población se encuentra en los centros del viejo modelo, enfrentando condiciones infrahumanas.
A pesar del avance que representa el nuevo modelo penitenciario, aún estamos lejos de cumplir con los objetivos y políticas públicas marcadas por el Estado a través de la ley 113-21. Esta ley busca la humanización de las penas y garantizar el cumplimiento de estas bajo la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad muestra que muchos centros operan bajo el viejo modelo sin cumplir con las mínimas condiciones de habitabilidad.
Esta situación repercute directamente en la seguridad ciudadana. Si el sistema penitenciario no cumple con su rol de rehabilitar y crear condiciones para la reinserción social, el ciclo de reincidencia se mantiene alto. Los individuos, una vez liberados o bajo modalidades de libertad condicional, frecuentemente reinciden en crímenes aún más graves.
Por tanto, es crucial que la justicia restaurativa se convierta en el norte del sistema penitenciario dominicano. Al lograr un verdadero proceso de rehabilitación, se disminuirá el riesgo de reincidencia y se cumplirá con el objetivo final de la pena: reeducar más que castigar.
Un modelo penitenciario eficaz, que incorpore de manera integral la educación y la prevención, es esencial para reducir la criminalidad. Sin embargo, si el Estado no logra cumplir con su rol de reeducar a los internos, la seguridad ciudadana se verá comprometida, aumentando la probabilidad de reincidencia y, por ende, la criminalidad. Esto tiene un impacto directo en la vida de todos los ciudadanos, incrementando el índice de criminalidad a nivel nacional.
En conclusión, para fortalecer la seguridad ciudadana, es imprescindible una reforma profunda del sistema penitenciario dominicano. Este debe enfocarse no solo en la detención, sino en la rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad. Solo así, podremos aspirar a una disminución significativa de la criminalidad y garantizar un futuro más seguro para todos los dominicanos. La seguridad ciudadana y la justicia penal deben ir de la mano en este esfuerzo conjunto por crear un sistema más justo, humano y efectivo.
