La Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a reunir en Nueva York a buena parte de los líderes del planeta. Se habló de guerras, conflictos regionales, cambio climático, desarrollo, inteligencia artificial, derechos humanos y de la necesidad de preservar un orden internacional basado en reglas.
Sin embargo, llamó la atención el escaso espacio que recibió la situación de Nicaragua y su progresivo desmantelamiento de la democracia.
El propio Daniel Ortega declaró en julio que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” para permitir que la oposición pueda alcanzar el Gobierno. Posteriormente, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que extiende los mandatos y establece mecanismos que excluyen de la competencia electoral a sectores opositores.
Nicaragua estuvo lejos de ocupar un lugar proporcional a la gravedad de esos acontecimientos en las intervenciones de los gobernantes reunidos en Nueva York.
La defensa de la democracia pierde autoridad cuando depende de quién gobierna o de cuál sea su orientación ideológica. Las elecciones libres, la existencia de partidos políticos, la posibilidad de disentir y la alternancia en el poder no pueden ser principios defendidos únicamente cuando resulta conveniente hacerlo.
La Asamblea General se desarrolla este año bajo un lema que plantea la necesidad de “restaurar la confianza” y conseguir unas Naciones Unidas capaces de ofrecer resultados.
Difícilmente podrá restaurarse esa confianza si la comunidad internacional contempla con indiferencia cómo en uno de sus Estados miembros se reducen progresivamente los espacios de participación política.
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