Hoy es la sorpresa por daños inesperados en comunidades en las que se esperaban apenas los reflejos del huracán o, sencillamente, efectos de las rachas de viento de un meteoro al que los más acreditados organismos de vigilancia ambiental le fijaban un curso junto a la costa en el extremo oriental del país.

Mañana, visto el nivel de los daños causados en las redes eléctricas de varias provincias, las vías de comunicación, puentes y edificios públicos, será el crujir de dientes. Lo que ha sido levantado en años de trabajo y planificación ha sido destruido o seriamente afectado en unas horas.

La parte de la población que ha recibido el golpe de los vientos y la lluvia deberá ser atendida con presteza desde las instancias públicas para que el período de precariedades y dificultades que les espera sea abreviado.

Algunas acciones del Gobierno mientras el potente meteoro todavía dejaba sentir sus efectos directos sobre el país apuntan en esa dirección.

Desde el Palacio Nacional fue emitido ayer el decreto 537-22, mediante el cual se declara la emergencia en los procedimientos para el auxilio de las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata, hasta el momento las más afectadas.

También fue anunciada la creación de centros de operaciones conformados por ministros y directores del Gobierno para dar respuesta a las necesidades apremiantes de los afectados.

Los daños deben ser cuantificados y subsanados. Es lo que corresponde al Estado. Pero a la población también toca su parte, particularmente la de entender que no se puede dar el servicio de energía eléctrica de un día al otro, no importa que las plantas generadoras no hayan sufrido daños.

Antes deben ser levantadas las redes y probada la seguridad de un fluido reclamado con urgencia, pero cargado de peligros para las personas y los bienes.
La hora reclama capacidad de servicio, comprensión y paciencia.