El movimiento Participación Ciudadana ha puesto en un informe lo que los medios de comunicación y ciudadanos ordinarios comprueban con mucha frecuencia.
En la mayoría de las instituciones públicas se ha impuesto el secretismo, quizás en procura de que no salgan a relucir paños sucios.
Algunos responsables de esas instituciones han tenido la desfachatez de decir abiertamente que prefieren recibir las críticas por dificultar el acceso a la información que soportar las consecuencias del manejo público de las mismas.
Olvidan que con esa actitud violentan la Constitución de la República y un montón de leyes nacionales y convenios internacionales.
El secretismo al que se refiere Participación Ciudadana y los portales en internet inoperantes se vienen imponiendo en la administración pública, especialmente en el Gobierno central. Esa conducta sólo propicia corrupción y malos manejos de la cosa pública.
Recurrir a las instancias judiciales para hacer valer los derechos constitucionales reglamentados con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública debiera ser una excepción, pero se ha convertido en la regla, desincentivando a los ciudadanos a hacer uso de ese instrumento jurídico.
Probablemente haya llegado el momento de que el Congreso Nacional modifique esta legislación para hacerla más expedita e imponer mayores sanciones contra los funcionarios que la violentan o intentan manipularla para darle largas a la entrega de las informaciones o simplemente no entregarlas al requiriente.
Donde impera el secretismo algo malo se esconde.
El presidente Leonel Fernández, quien ha proclamado en varias ocasiones una tolerancia cero contra la corrupción, debiera imponer su autoridad para que a los ciudadanos no les sean escamoteados sus derechos al libre acceso a la información pública.
Ese puede ser un sím bolo de que su discurso corresponde con la verdadera intención.
