El presidente Leonel Fernández manifestaba a un grupo de ejecutivos de medios periodísticos que muchos funcionarios públicos no han hecho el cambio cultural que implica el paquete de leyes tendentes a hacer más transparente el ejercicio de sus funciones.
La Ley de Libre Acceso a la Información Pública constituye uno de los instrumentos más importantes en la búsqueda de la transparencia y su cumplimiento no es opcional, sino obligatorio.
Sin embargo, muchos servidores públicos se resisten al ejercicio transparente de sus funciones y se creen propietarios de la información que deben servir a quien la solicite.
Pareciera que entienden que todas las solicitudes de informaciones deben hacerse a través de las esferas judiciales, lo cual constituye una perversa tergiversación del sentido de la Ley de Libre Acceso a la Información.
Hasta ahora al secretario de Educación se le reconoce ser un funcionario que suele ser diligente a la hora de ofrecer las informaciones que se le requieren.
Pero esa actitud no ha permeado a una parte importante de su equipo de funcionarios.
El Departamento de Pruebas Nacionales constituye una muestra de esa actitud contraria al sentir del presidente Leonel Fernández y del propio Melanio Paredes.
Las quejas del ciudadano ordinario por la falta de información y de atenciones en ese departamento son incuantificables. Igual ocurre cuando se buscan informaciones de interés para un medio periodístico.
Si así se actúa con asuntos tan elementales como ofrecer los promedios de calificaciones, cantidad de aprobados y desglose de calificaciones por materia, había que ver lo que ocurriría con otro tipo de informaciones.
Ponemos este ejemplo sólo para mostrar lo que parece ser una cultura muy arraigada en el Estado.
El presidente Leonel Fernández habla de transparencia, pero debe entender que si no cumplir con ese precepto no representa ninguna consecuencia para los funcionarios, todo se quedará en simple discurso.
