El enfoque neoclásico de Alfred Marshall, supone que en una economía de mercado o de libre concurrencia, el salario depende de la productividad marginal del trabajo, contrario al enfoque clásico sobre el salario mínimo de subsistencia y de los fondos salariales de Adam Smith y de Stuart Mill. Tales supuestos carecen de consistencia, dado que el salario históricamente se ha mantenido por debajo de la creación de riqueza generada según horas/hombre consumida en cada jornada de trabajo y del valor de la canasta básica la familiar.
Desde el consenso de Washington de 1990, la visión neoclásica escala hacia un modelo denominado de flexibilización salarial enfocado en la libre contratación y desregulación del salario mínimo y eliminación de las conquistas ganadas a favor de los trabajadores, concebida como los pasivos laborales que afectan la expansión de las empresa, como es el caso de la cesantía prevista en el código de trabajo de 1992, cuyo derecho se redime al momento del desahucio o al termino del contrato. Además, en el citado año también se aprueba el código tributario, que concibe en sus artículos 296 y 327, la indexación salarial o el ajuste por inflación cada año.
El salario se encuentra en estado de tensión permanente, atrapado entre la posible pérdida potencial de la cesantía y la no indexación salarial. En consecuencia, los trabajadores a todos niveles sobreviven una situación muy vulnerable, por un lado, el sector empresarial atenta contra su principal conquista, la cesantía. Y por otro, el gobierno desde 2017 le arrebata el derecho a la indexación salarial, lo que impide reponer la capacidad de compra del salario. La gran magnitud del pasivo que según el sector empresarial genera la cesantía consigue poco acierto, considerando que la rotación promedio del empleo tiene una frecuencia apenas de 2 años y medio.
El salario no solo permanece por debajo de la canasta básica familiar nacional promedio, sino que también desde 2017-2025, no se aplica el ajuste por inflación, manteniendo estático el salario mínimo exento en solo RD$34,685.0 millones, lo que ha impedido restaurar su capacidad de compra, en razón de que durante dicho periodo los trabajadores perdieron recursos por un monto aproximado de RD$174,108.8 millones, para un promedio anual de RD$19,345.0 millones; y mensual de RD$1,612.1 millones. En ese contexto, la no indexación salarial durante 2017 y 2019, represento pérdidas para los trabajadores ascendente a RD$37,584.7 millones, mientras que entre 2021 y 2025, las perdidas alcanzaron los RD$113,420.0 millones.
Sin embargo, entre 2022 y 2025 el gobierno ha sido el mayor beneficiario, en razón de que los sujetos de retención crecieron 41.0% y las recaudaciones por concepto del impuesto sobre la renta a las personas físicas o asalariados crecieron 35:9%, en consecuencia, en ausencia del ajuste por inflación, el gobierno se tragó el efecto de los aumentos salariales que se produjeron en el sector privado. En ese tenor, un sistema tributario donde los consumidores y los trabajadores soportan el 75% y los impuestos directos un 25%, complica aún más la capacidad de compra del salario, a lo que se suma el deterioro de la oferta de los servicios públicos.
Ante tal situación, el gobierno no puede continuar transitando la ilegalidad, debe modificar el mínimo exento, ubicándolo en los RD$51,333.8 millones, lo que suponiendo un nivel de inflación del 4% al cierre de 2025, implicaría aproximadamente RD$24,640.2 millones durante el próximo año 2026. El gobierno debe reestructurar la composición del presupuesto del estado incorporando la indexación salarial, la excusa de que tendría que eliminar la política de asistencia social, en modo alguno, no justifica continuar en la ilegalidad y, al mismo tiempo, constriñendo un nivel salarial atrapado entre la no indexación y el posible arrebato de la cesantía por un sector empresarial que entre gastos tributarios y evasión se lleva, aproximadamente, el 9% PIB.
El autor es economista.
Etiquetas
