Por: Karina Concepción Medina
En la estructura de la economía moderna, la confianza no resulta ser un concepto meramente romántico o fantasioso sino un activo sistémico de valor incalculable. En el caso del mercado financiero, la estabilidad del sistema no reside, única y exclusivamente, en el resguardo de las bóvedas de las entidades de intermediación financiera o en fiabilidad de las reservas internacionales del Banco Central, sino que descansa, fundamentalmente, en la percepción de inmanencia que tienen los ahorrantes sobre el mismo.
Cuando esa percepción es atacada mediante la manipulación de datos o la propagación de información falsa, la inmutabilidad del sistema se afecta y en el peor de los casos llega al punto de generar pánico financiero.
En la República Dominicana, la ley número 183-02, que rige el sistema monetario y financiero, prevé como infracción penal, castigada con penas de tres a diez años de prisión y multas millonarias, el hecho de que personas físicas o jurídicas difundan, por cualquier medio, falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera y la estabilidad del mercado cambiario.
Esa tipificación, de acción pública por demás, es decir de persecución obligatoria para el Ministerio Público, responde a una realidad técnica: los bancos operan bajo un esquema denominado reserva fraccionaria, donde solo una parte ínfima de los fondos depositados por los clientes son conservados como reservas liquidas y el restante se utiliza para realizar las actividades de crédito habituales.
Si las entidades de intermediación financiera tuvieran que desprenderse de los fondos por los retiros de los depositantes al mismo tiempo, el riesgo de insolvencia, sin duda, se incrementaría.
Por tanto, quien genera un rumor malintencionado contra alguna institución financiera, no está "informando", sino que está provocando una estampida con consecuencias fatales para el orden socioeconómico.
Naturalmente, el bien jurídico protegido en estos casos trasciende a los accionistas del banco al que está dirigido el rumor, ya que, lo que se procura proteger es el sistema de pagos, el ahorro, la balanza de pagos, la confianza la actividad de intermediación financiera y, en última instancia, la paz social.
El pánico financiero no debe confundirse con el ejercicio de la libre expresión o con el análisis de la economía en términos críticos. Mientras que la libertad de prensa, el acceso a la información y la difusión del pensamiento son pilares de un entorno de configuración democrática, la divulgación deliberada de información falsa para desestabilizar el sistema financiero y monetario es una agresión directa contra el orden público económico.
La libertad de expresión termina donde comienza la desestabilización intencionada y maliciosa del orden económico. En un Estado de Derecho, el rumor que busca la quiebra no es un ejercicio de libertad, es un hecho punible que debe ser enfrentado con todo el rigor de la ley.
La autora es una abogada experta en derecho penal económico
Etiquetas
