Gran sorpresa y alarma ha causado la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Economistas, (Codeco), institución que desde décadas ya existe, pero que utilizando la fuerza de la ley se reviste de una intentona excesiva de obligar una colegiación de profesionales bajo la excusa de lograr mejoras, y que no constituye otra cosa más que un control poco disimulado del ejercicio de una profesión.

El proyecto referido fue depositado en octubre de 2014 por la diputada Olfalida Almonte Santos, en lo que parecía ser una buena intención revestida del desconocimiento necesario de la formación académica del economista y su ejercicio profesional como para que fuese tomado en serio.

Sin embargo, el 30 de junio pasado, en lo que constituyó una segunda sorpresa, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados presentó un informe favorable al pleno, el cual, como tercera sorpresa, fue acogido con la aprobación referida.

Una cantidad innumerable de apreciados talentos del ejercicio profesional de la economía ya han mostrado su desacuerdo con esta iniciativa, alegando no solo el carácter inconstitucional del mismo por sus atribuciones de obligatoriedad y el intento de coartar el libre ejercicio del pensamiento y de la profesión, al cual se le han unido instituciones de la reputación y calibre de la Finjus, cuyos planteamientos intentaron rebatir los promotores del nuevo Codeco con pobres argumentos.

Una entidad que pretenda usurpar la función pública de coordinar acciones con organismos internacionales o que pretenda imponer normas éticas al ejercicio de la profesión de economista, no puede ser bien vista, recibida ni aprobada.

El Senado de la República está aún a tiempo de impedir que prospere esta iniciativa, retornando con ello la civilidad y respeto que merece el ejercicio de la profesión de economista y afines.