Desde que en 1994 los dominicanos redescubrimos la Constitución, se convirtió en común calificar de inconstitucionales todas las iniciativas legislativas o administrativas que nos disgustan.

La introducción del control concentrado de la constitucionalidad abrió una nueva posibilidad de evitar la aplicación de leyes y, por tanto, se volvió un recurso manido para intentar extirparlas del ordenamiento jurídico.

Esta forma de ver el Derecho y su relación con la Constitución es profundamente dañina para el sistema democrático y el Estado de derecho. Pretender que en todos los problemas jurídicos sólo existe una opción constitucionalmente válida, anula el debate, instrumentaliza la Constitución y dificulta los consensos necesarios para la democracia.

Lo anterior por dos razones. Primeramente, es un error jurídico elemental creer que el constituyente lo ha decidido todo.

Lo que hace el constituyente es crear un marco fundamental dentro del cual el legislador puede actuar con un importante grado de libertad. Ciertamente, hay cosas que son inconstitucionales, pero en muchos casos el constituyente no constriñe sino que encuadra.

El abanico de opciones al alcance del legislador puede ser más o menos amplio, y éstas, a veces, contradictorias entre sí. Esta es la naturaleza del sistema democrático y la razón por la cual existe el Poder Legislativo.

La segunda razón es aún más importante. Si todo se reduce a escudriñar la supuesta voluntad del constituyente, se le roba el oxígeno al debate democrático y, por lo tanto, a la democracia misma.

Donde no hay nada que discutir no hay deliberación, y donde todas las decisiones están preconfiguradas, no hay libertad.

En el fondo, lo que se procura con esta línea argumentativa es anular el proceso democrático impidiendo cualquier deliberación en la que se puede perder o, igual de malo, obligar a que en todos los casos la decisión final la tomen los jueces.

Ninguna de estas opciones es saludable para la democracia. Ambas son semillas que, dejadas a su propio hacer, acarrearían su destrucción.

Las Constituciones no pueden ser asumidas como corsés antidemocráticos, ni los jueces deben dejar de ser árbitros para convertirse en gobernantes. Como dirían los antiguos griegos, la virtud la encontraremos con cada cosa en su lugar y con mesura.

De lo contrario, tanto se irá a la fuente que se romperá el cántaro.