El Día 
Desde tiempos inmemoriales, la Ley de Presupuesto y Gasto Público que cada año se dicta en la República Dominicana incurre en flagrantes violaciones a la Constitución.
Ello así porque a los diferentes departamentos de la administración pública casi nunca se les asignan para sus gastos e inversiones los porcentajes que dicha Ley de Gasto Público estipula por mandato constitucional.
Ahí tenemos, como muestras, los casos del Poder Judicial, el Poder Legislativo, los ayuntamientos, la Cámara de Cuentas, el Banco Central y el sector educativo. A todos ellos se les destina año tras año menos de lo que manda la Constitución, pero todo el mundo lo acepta así como la cosa más natural del mundo.
Menos mal que, aparentemente, la situación podría cambiar este año, si logra progresar la demanda anunciada por el candidato presidencial del PRD para que sea modificada la Ley de Gasto Público de 2010.
Es hora ya de dejarnos de eufemismos y simples apariencias. Si el dinero del erario no alcanza para que cada sector del Gobierno reciba los porcentajes que manda la ley, deroguemos esas leyes de una vez por todas y afrontemos nuestra magra realidad.
Nada es más decepcionante y doloroso que una caída brusca desde las nubes de la irrealidad. Más vale tener en todo momento los pies en la tierra. El Presupuesto no puede ser un mito toda la vida.
