El presupuesto en curso está sujeto, como lo indica la ley, a terminar su ejecución en diciembre.
O sea, cinco meses después de haberse posicionado las autoridades electas en los comicios pasados. ¿En qué se traducirá esa situación?
De entrada, en una condición que pondrá techo a muchas iniciativas que se deberán tomar a lo largo de esos meses hasta que el nuevo gobierno pueda trabajar con un presupuesto nuevo, que tome en cuenta las iniciativas que caracterizarán el nuevo rumbo que en todos los aspectos deberá tomar el país.
En tanto, hay un presupuesto que entrará en vigencia el próximo mes.
Ese que se inicia con la apertura del año escolar y que recibirá a millones de estudiantes de todos los niveles.
Una mejor educación, una escuela de calidad nos ayudaría a perder analfabetos, a perder desocupados, a perder violencia, a perder cada vez más pobres, a perder exclusión social y, de esa forma, tendríamos menos discriminación.
Eso conseguiríamos con un mayor presupuesto.
Perderíamos, en consecuencia, el puesto de uno de los países de Latinoamérica que menos invierte en la educación.
Una mayor asignación presupuestaria nos colocaría en el centro de la atención mundial.
Esperemos que, desde su instalación, las nuevas autoridades tengan respuestas firmes y convincentes.
