SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció este lunes que observará el proyecto que modifica la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, en respuesta a múltiples cuestionamientos provenientes de diversos sectores.

Durante su intervención en La Semanal con la Prensa, el mandatario reconoció que el proyecto necesita correcciones sustanciales antes de convertirse en ley, señalando que incluso organismos como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) han advertido sobre fallos en el texto aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.

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“Todavía no nos ha llegado formalmente la ley. Esperamos recibirla en los próximos días. Pero sí, hay muchos cuestionamientos, incluso Procompetencia nos ha enviado varios informes sobre errores y situaciones que deben corregirse”, indicó Abinader.

El jefe de Estado aseguró que su gobierno atenderá esas observaciones y que el proyecto será reenviado al Congreso Nacional con las debidas correcciones.

“La ley tiene que corregirse y les puedo decir que vamos a atender esas correcciones y la vamos a reenviar con observaciones al Congreso”, puntualizó.

La modificación a la Ley 225-20 fue aprobada en segunda lectura el pasado miércoles 16 de julio en la Cámara de Diputados. Desde entonces, empresarios, organizaciones ambientales, expertos en políticas públicas y entidades técnicas han expresado preocupaciones sobre posibles retrocesos en el manejo adecuado de los residuos sólidos en el país.

Tal es el caso de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana expresó su preocupación ante el proyecto, tras precisar que la iniciativa legislativa, en su forma actual, podría tener consecuencias negativas para la competitividad del aparato productivo nacional, el clima de inversión y la sostenibilidad económica del país.

Consideró desproporcionado el aumento proyectado de un 275 % en la contribución especial para la gestión de residuos, por lo que sugirió que el ajuste cuente con respaldo técnico y considere criterios diferenciadores según la cantidad real de residuos generados.

En tanto que empresarios agrupados en la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored)y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) advirtieron que el proyecto tal como está diseñado, presenta un serio problema de sostenibilidad financiera.

Solicitaron al presidente de la República detener la promulgación de esa normativa y retornar la pieza al Congreso Nacional para abrir nuevamente el diálogo y lograr que la misma impulse un mejor manejo de los residuos.

Mientras que la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive), llamó al presidente Luis Abinader a no promulgar la Ley de Residuos Sólidos aprobada en el Congreso Nacional por afectar de manera drástica a las pequeñas y medianas empresas y amplios sectores productivos del país.

Por su lado la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) advirtió que el proyecto representa una amenaza directa y letal para la sostenibilidad de más de un millón de Mipymes en todo el país.

“El proyecto, tal como está redactado, impone cargas económicas excesivas, fomenta monopolios en la gestión de residuos y excluye por completo a las Mipymes de los procesos de decisión sobre fondos públicos que ellas mismas deberán financiar”, declaró Codopyme.

Lo que establece la Ley

Entre las modificaciones realizadas a la Ley de Residuos Sólidos están los ajustes realizados al artículo 154, el cual establece nuevos requisitos para el foam. La normativa exige que este material sea autodestruible, degradándose un 20% en el primer año y alcanzando un 90% de biodegradación en un plazo máximo de cinco años.

En este mismo sentido, las empresas importadoras de plásticos deberán someterse a un proceso similar.

La nueva ley también establece que se permitirá la instalación de un solo vertedero por provincia.

Respecto a las plantas procesadoras, se limitará su número a una por cada diez regiones, debiendo ubicarse en un radio de 70 kilómetros, con la excepción de la región Ozama, dada su alta densidad poblacional.

Aportes económicos

La ley contempla nuevas cuotas para la gestión de residuos sólidos que van desde RD$3000 hasta RD$675, 000.

• Empresas con ingresos de hasta un millón de pesos pagarán RD$3,000.
• Aquellas con ingresos de hasta 10 millones de pesos contribuirán con RD$6,000.
• Empresas que reporten hasta 25 millones de pesos pagarán una cuota de RD$20,000.
• Las compañías con ingresos de hasta 100 millones de pesos aportarán RD$675,000.