Nuestro sistema político tiene dos formas de elección: uno por el voto directo (Presidente, Vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores) y el segundo por voto indirecto (jueces de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas).

De manera directa o indirecta, la mediación del voto pone un acento político a la posibilidad de llegar a ocupar cada una de esas posiciones.

El activismo político se ejerce desde los partidos o desde organizaciones sociales, que para diferenciarse de los primeros se denominan “sociedad civil”.

Cualquiera de las dos trincheras, en su motivación más pura, son impulsadas por la búsqueda del bien común aunque cada una tenga una definición distinta de cómo alcanzarlo.

Tanto la una como la otra son parciales ante sus objetivos, declaraciones de principios o intereses sectoriales.

En su accionar todas buscan el Poder, visto desde su clásica definición de “ la capacidad para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones” con la intención de que hagan lo que al que lo ostenta le gustaría que hicieran.

Los partidos políticos suelen adquirir sus cuotas de poder mediante votación directa, lo cual incluye la administración de estamentos del Estado e incidencia en los denominados “poderes fácticos”.

Las otras organizaciones suelen hacerlo mediante el voto indirecto o a través de su capacidad de influir o accionar a través de los “poderes fácticos” (medios de comunicación, grupos económicos, sindicatos de obreros o profesionales, organizaciones religiosas, veedurías sociales, organismos internacionales o de gobiernos extranjeros, entre otros).

El contrapeso que suele producirse en esa diversidad de grupos que ostentan una cuota de poder garantiza la buena marcha de la democracia.

Los partidos políticos y las organizaciones sociales (incluyendo las denominadas sociedad civil) son complemento de la democracia y comparten el ejercicio del poder.

Por tanto, en cada caso, su oferta para ocupar posiciones públicas, ya sea mediante elección directa o elección indirecta, debe ser medida por la población con la vara de la idoneidad, la honradez, la capacidad, la inteligencia y la integridad.