Resulta reconfortante que el propio Poder Judicial haya tomado la iniciativa de investigar a uno de sus jueces que ha emitido una serie de sentencias que en el mejor de los casos pueden ser calificadas de “extrañas”.
La investigación la efectuó el Inspector General de Poder Judicial, quien solicitó al Consejo del Poder Judicial la asignación de un Consejero de Instrucción para abrir un caso disciplinario y simultáneamente apoderó de su investigación a la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) para que profundice las indagatorias desde el punto de vista penal.
No se trata de que un juez sea cuestionado por sus decisiones en el marco de su libertad e independencia, sino de que ante una secuencia de sentencias cuestionadas que benefician a narcotraficantes e imputados de graves actos de corrupción el Poder Judicial tiene la obligación de despejar cualquier duda o castigar cualquier desviación.
Al magistrado investigado se le deben respetar sus derechos y garantías procesales, marco en el que se debe entender la decisión del Poder Judicial de mantener bajo reserva los detalles de lo encontrado en la investigación hasta que no se comprueben los hechos o se formulara, si fuera el caso, una formal acusación penal.
Esperamos se trate de simple negligencia o inobservancia, que sería el mal menor, pero si por el contrario se está frente a un caso de corrupción judicial que se actúe con la mayor severidad posible.
