En América Latina, ejercer el poder parece traer consigo una sombra inevitable: el cuestionamiento constante.
Desde la llegada al gobierno hasta mucho después de dejar el cargo, gran parte de los líderes de la región terminan expuestos a procesos judiciales, persecuciones políticas o la eterna sospecha de corrupción y abuso de poder.
En algunos países esto se traduce en juicios formales, en otros en condenas, y en no pocos casos, en regímenes autoritarios que se sostienen contra viento y marea.
El ejemplo más recurrente es Perú, donde la política se asemeja más a un péndulo entre el Palacio de Gobierno y los tribunales. Alberto Fujimori fue condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Alan García falleció en medio de un operativo de arresto, mientras enfrentaba investigaciones y otros tantos han sido expuestos ante la justicia.
Keiko Fujimori, pese a sus repetidas aspiraciones presidenciales, ha conocido más de una vez la prisión preventiva. En el Perú, gobernar parece ser sinónimo de, tarde o temprano, rendir cuentas ante un juez.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 12 años de prisión por corrupción, aunque la sentencia aún sigue en disputa judicial.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva pasó por la cárcel antes de regresar al poder; Rafael Correa, en Ecuador, fue condenado en ausencia; y Evo Morales en Bolivia también ha sido señalado en medio de controversias judiciales.
Cada caso tiene matices, defensores y detractores, pero todos alimentan la percepción de que en la región el poder nunca se ejerce sin polémica.
El caso más reciente y simbólico se vivió nuevamente en Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 17 años de prisión por su intento de golpe de Estado en 2023, un hecho que sacudió los cimientos institucionales de ese país y que envía un mensaje claro sobre los límites del poder y la democracia.
Al mismo tiempo, en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro sigue firme pese a sanciones internacionales, denuncias de violaciones a los derechos humanos y presiones externas e internas.
En Nicaragua, Daniel Ortega ha consolidado un sistema donde la represión política y el control absoluto de las instituciones mantienen a la oposición en la sombra.
Estos dos casos representan la otra cara del dilema latinoamericano: gobiernos que, lejos de responder ante la justicia, logran blindarse en el poder con un costo alto para las libertades democráticas.
La región, en definitiva, se mueve entre dos polos: mandatarios que enfrentan los tribunales y regímenes que evaden todo control institucional.
En República Dominicana, la experiencia ha sido distinta, aunque no está exenta de episodios. Desde la vuelta a la democracia, solo un expresidente, Salvador Jorge Blanco, fue sometido a la justicia en los años 80. Desde entonces, se ha evitado ese destino, pero el tema de la corrupción no ha dejado de estar presente.
Durante la actual gestión del presidente Luis Abinader, el Ministerio Público ha desarrollado varios procesos de alto perfil. Pero en su actual mandato, al menos nueve casos de corrupción administrativa han sido destapados desde 2020.
Algunos están en los tribunales, otros en fase investigativa, pero todos han generado debate público y han puesto a prueba la confianza en las instituciones.
Aunque el Gobierno ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas, la realidad muestra que los escándalos persisten. Y la ciudadanía se pregunta cómo, con tantas herramientas legales y un discurso de transparencia, los casos siguen apareciendo.
A esto se suman las críticas al Ministerio Público “independiente”, que en ocasiones es cuestionado por la duración de los procesos, la fuerza de las pruebas o la supuesta politización de las investigaciones.
La conclusión es inevitable: en América Latina, el ejercicio del poder siempre está bajo sospecha. Sea en democracia o bajo regímenes autoritarios, en juicios por corrupción o en denuncias de abusos, la política en la región carga con una desconfianza difícil de disipar.
