Muchos dominicanos (y no pocos extranjeros) llegamos a temer la ocurrencia de desórdenes callejeros el mismo día en que venciera el plazo otorgado por ley para que los inmigrantes que se encontraban en el país sin regularizar su estatus legal se acogieran a las normas establecidas.
Lejos de presenciar alteraciones en la convivencia social como consecuencia de protestas cuya pertinencia ponemos en duda, hemos sido testigos, hasta ahora, de un normal desenvolvimiento de la vida cotidiana, matizada apenas por un moderado éxodo voluntario de familias haitianas que, al no llenar los trámites requeridos para permanecer en territorio dominicano, han optado por retornar a su país de origen sin necesidad de que se les obligue a hacerlo.
Esto no quiere decir, desde luego, que el denominado plan de repatriación de extranjeros puede ya considerarse un éxito. Son muchas y muy delicadas las aristas que hay que afinar y debemos estar preparados para ello, dentro de un marco de actuación inteligente y con apego a los derechos humanos, aunque sin dejar de hacer valer las normas y los principios sobre los cuales se cimenta la soberanía nacional.
El Gobierno y el pueblo dominicano deben, en este momento crucial, emplearse a fondo para terminar bien este proceso, al final del cual las dos naciones que comparten la isla salgan fortalecidas y hermanadas para trillar juntas el sendero del progreso, la fraternidad y la civilización.
