No se ha dimensionado con justicia el alcance del programa de entrega de títulos de propiedad a familias que en alguna oportunidad recibieron una vivienda del gobierno o que simplemente viven en mejoras levantadas sobre tierras del Estado.
Se trata de familias que viven en sectores urbanizados, pero que la propiedad de la tierra no está regularizada.
Cuando las personas reciben el título que les es entregado por parte del propietario legítimo de esas tierras, el Estado, se produce un profundo cambio del estatus económico familiar.
Primero eleva considerablemente el valor del bien inmueble, pero además las convierten en agentes de crédito que les permite acceder a financiamiento para mejoras u otros fines.
Se trata de un programa de profundo impacto social en las familias, que pasan a ser legítimas propietarias del bien que ocupan.
La ejecución del plan de titulación no abarca propiedades privadas, que sigue manteniéndose en la esfera de particulares, ni mucho menos pretende alentar las ocupaciones ilegales de terrenos de uso común.
Los invasores de terrenos público y privado son delincuentes que merecen ser perseguidos activamente por las autoridades y sometidos a la acción de la justicia.
Pero no queremos desviar el centro de nuestro comentario editorial.
Las familias beneficiadas por el plan de titulación pasan a engrosar, automáticamente, el ejército de propietarios de la clase media.
