Sin duda la ocupación estadounidense de la isla Quisqueya en 1915/1916 marca el inicio de flujos migratorios importantes desde el oeste hacia el este.
Sin embargo, varias fuentes aportan datos sobre el uso, a partir de 1880, de la mano de obra antillana-inglesa y haitiana en el marco de la primera modernización de la industria azucarera dominicana por inversionistas cubanos.
De lo anterior, se puede afirmar que la migración laboral haitiana tiene unos 134 años de aportes continuos a la República Dominicana. Ayer era el soporte fundamental de la producción azucarera, hoy se hace imprescindible en varios campos económicos debido en gran parte a la migración dominicana interna y externa, razón por la que no desplaza, sino que sustituye. No invade, sino suma. No es una carga, sino contribuye.
Sin embargo, el enfoque oficial no ha destacado lo dicho arriba. Por más de tres cuartos de siglo, el tema migratorio, sin una política definida, ha ocupado la agenda bilateral en base a su manipulación ultranacionalista y por las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos.
Asimismo, por los problemas adyacentes, tales el trafico y la trata de personas, incluyendo niños en la frontera.
Toda vez, desde principios de los 90, dos aspectos han tenido que ser tomados en cuenta. Por un lado, con un componente irregular significativo, República Dominicana se ha convertido en un país de mayor emigración que de inmigración. Por otro lado, las repercusiones internacionales de la cuestión migratoria haitiana.
Estas últimas llevaron al extinto presidente Joaquín Balaguer a realizar un intento de regularización migratoria a través del decreto 417-90 de octubre de 1990.
Ocho meses después, de manera muy contradictoria, por el decreto 233-91, ordenó la repatriación de los menores haitianos de 16 y mayores de 60 años que trabajaban en los bateyes del país. Más de 35,000 personas fueron expulsadas hacia Haití en ese proceso en condiciones violatorias del propio decreto.
Otras miles se quedaron sin sus documentos entre otros “fichas” del Consejo Estatal del Azúcar y cédulas facilitadas durante las elecciones, por lo cual no pudieron declarar a sus hijos al nacer quienes hoy deben ser consideradas como víctimas de la Ley de Naturalización.
En un ambiente de similar impacto internacional del tema migratorio que hace 24 años, el gobierno dominicano llevará a cabo, a partir de junio, un nuevo proceso de regularización.
El mismo está basado en la ley de Migración 285-04 y su reglamento 631-11, la sentencia TC 168/13, el decreto 327-13 y la ley 169-14. Si la normativa está clara existe cierta duda respecto a las metas que se hayan fijado las autoridades.
En tal sentido, el Plan Nacional de regularización de extranjeros (PNRE) debería prestar el eslogan del Plan Nacional de alfabetización “Que no se quede nadie”.
Quisqueya Aprende Contigo tiene como meta 851,396 alfabetizados al final de diciembre de este año. En lo que concierne a los haitianos, el PNRE debe tener como objetivo, la totalidad de los inmigrantes irregulares que puedan probar su arraigo, de los 458,233 estimados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) a través de la encuesta nacional de inmigrantes (ENI-2012).
Por lo tanto, es urgente contrarrestar la percepción que la meta sea alcanzar el número más alto posible de inmigrantes “no calificados” para proceder, sin contemplación ni consideración, a la contribución de la diáspora haitiana a la República Dominicana, a una expulsión masiva a partir de diciembre de 2015.
De tal manera es preocupante que a pocos días de iniciarse el PNRE no se haya lanzado una campaña de información en español y creole para los interesados; no haya una plataforma de coordinación con las iglesias, las ONG y la comunidad haitiana; ni que los gobiernos dominicano y haitiano hayan firmado un acuerdo de cooperación sobre el tema.
