El pedregoso camino de la independencia - El Día

El pedregoso camino de la independencia

El pedregoso camino de la independencia

Carlos Salcedo

Uno de los reclamos históricos de la ciudadanía respecto del ejercicio de los funcionarios públicos es que sus actuaciones no respondan a intereses particulares, de grupos o puramente partidarios.

Se piensa que las decisiones de los funcionarios de elección popular o por selección por los tres poderes públicos y los demás órganos constitucionales solo deben tener como fuente la Constitución y las leyes.

Es cierto que a lo largo de nuestra vida republicana hemos tenido una hilada de decisiones de gobernantes, ministros, directores, jueces, miembros de distintos órganos constitucionales, como la Junta Central Electoral (JCE) y otros de reciente data, como el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC) que para muchos han sido dadas inobservando el ordenamiento jurídico y los instrumentos internacionales vinculantes de derechos humanos.

El mal de fondo se le atribuye a los líderes y a los partidos políticos por designar a los funcionarios del gobierno y a los integrantes de los distintos órganos del Estado a su servicio o alejados de los intereses públicos. Esto nos lleva al principio de independencia que, de manera especial, es el que sirve de fundamento a los jueces y órganos constitucionales en general, para que decidan con imparcialidad en ocasión de los asuntos que les son sometidos a su consideración.

Con sus pro y sus contras, no podemos negar que hemos avanzado en esos propósitos. La designación de una procuradora general de la República como Miriam Germán Brito y la reciente selección de los miembros de la JCE son una clara demostración del compromiso político con la aspiración ciudadana.

Lo que se espera es que ese camino tan pedregoso, como toda actividad humana; pero con manifestaciones positivas cada vez más auspiciosas en el plano institucional, se siga abriendo, para ganar en la preservación y el fortalecimiento del Estado Constitucional, Convencional y Democrático de Derecho.

Sin embargo, esto, en modo alguno, puede conducir a la destrucción de los partidos, organizaciones y movimientos políticos, instrumentos necesarios para garantizar nuestra vida democrática, sin dejar de lado su necesaria consolidación para que sirvan a los fines para los cuales han sido creados. Cuidado con eso. Veámonos en el espejo de Venezuela que ha querido construir su democracia en las últimas décadas destruyendo de donde emana.



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