*Por Teodoro Tejada
El gobierno dominicano, a través de la Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (Hoy Ministerio), firmó en el 2001, el contrato con la concesionaria Autopistas del Nordeste C. por A., la que construyó y tiene la administración por 30 años de esta obra concesionada, que establece un ingreso mínimo garantizado de circulación de vehículos de motor y que, la diferencia debe asumida por el Estado cuando es baja y no se alcanzare los ingresos estimados por el pago de peaje directo de los usuarios. Ahí nace el Peaje Sombra, lo que se debió a la proyección de una mala planificación del promedio anual estimado de tránsito por la autopista que, fue de más de 839,500 vehículos, con una proyección de circulación diaria de 2,000 a 2,300 vehículos. Es obvio que esas proyecciones fue un engaño al país.
El 12 de diciembre de 2008, el expresidente Leonel Fernández inauguró la autopista Juan Pablo II (Autopista del Nordeste) que comunica a Santo Domingo con Samaná, con una inversión de US$154 millones y el martes 25 octubre de 2011, el Boulevard Turístico del Atlántico, a un costo de US$ 149,500 millones, el costo de construcción de ambas carreteras fue de poco más de US$305 millones.
El peaje sombra se ha cobrado del erario público al finalizar el año 2020, el monto total por encima de los US$500 millones, este valor no incluye el peaje normal excesivo que, la concesionaria viene cobrando desde finales de octubre del año 2008, uno de los peajes más caro de América Latina.
Desde que asumió la primera magistratura del estado el 16 agosto 2020, el presidente Luis Abinader viene realizando un gobierno de ideas de cambio en la estructura del manejo del estado, con el interés de hacer una gestión transparente y progresista.
La actitud del gobernante no es la misma que la de varios de sus funcionarios, al punto que, el Presidente del Senado de la República y exministro de Obras Públicas, el Ing. Eduardo Estrella, al pronunciar su discurso como presidente de la Asamblea Nacional, en el marco de la presentación de las memorias de la gestión de gobierno de los 6 meses del presidente Luis Abinader, el Ing. Estrella censuró que haya funcionarios del gobierno que a poco tiempo de asumir el gobierno ya están endiosado, recordándoles que ellos son servidores públicos y llamó a los funcionarios del gobierno a imitar la humildad y sencillez del presidente Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje.
Precisamente en su discurso para la ocasión al país, Abinader informó que están estudiando la vía legal para resolver la situación que denominó el infame “peaje sombra” de la Autopista del Nordeste, donde el Estado se ha visto en la obligación de pagar hasta la fecha 26,835 millones de pesos como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria, precisando que esa obra representa un gran peso económico para el país y que solo en el año 2021 exigen el pago de 7 mil millones de pesos por ese concepto.
Esta valiente decisión del gobierno del cambio, de renegociar el contrato con la empresa Autopista del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico S.A., constituye un paso acertado que beneficiaría la economía del Estado y a miles de usuarios que transitan por esa infraestructura vial, la revisión de ese abusivo contrato, es un compromiso de todas y todos por lo que el presidente Abinader debe recibir el respaldo de la población.
A todas luces el contrato firmado por el exministro de Obras Públicas, Ing. Miguel Vargas y enviado al Congreso Nacional de la Republica por expresidente Hipólito Mejía. Es bueno aclarar que, el exmandatario Mejía, no tiene nada que lo involucre de forma maliciosa en este proyecto, destacando que solo tramito lo que sus funcionarios con la responsabilidad de orientarlo entorno a ese gran abuso al erario público, por lo que Hipólito fue sorprendido en su buena fe.
En ese contrato se especifica que, esta autovía tiene una longitud de 120 kilómetros con una velocidad de 80 km/hora, y que la forma de recaudo es por medio del cobro de peajes a los usuarios que usen la carretera donde, el Estado Dominicana tiene a cargo el riesgo al ingreso mínimo requerido correspondiente a la Ingeniería Financiera (Peaje Sombra).
Se destaca que si existiera un superávit en el cobro de los peajes de un 10%, el mismo sería del usufructo de la constructora, si ese superávit alcanza el 15%, este se repartiría en partes iguales (Gobierno y Constructora), pero si el superávit pasa del 15%, le corresponde al Estado para ser invertidos esos recursos en el pago de proyectos de obras complementarias, obras adicionales y el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
Por todo lo anterior, creo que urge no la revisión de este contrato, sino la eliminación del pago del gobierno por concepto de peaje sombra y la disminución del pago de peaje directo por los usuarios de estas dos vías.