SANTO DOMINGO.-La República Dominicana deja de percibir alrededor de 1 % del Producto Interno Bruto por aplicar exenciones fiscales a empresas en regímenes especiales con el objetivo de atraer inversión.

Eso se traduce en dejar de recaudar casi el 20% del gasto público en salud, educación y protección social que hacen el gobierno central de República Dominicana y el Salvador.

Así indica el estudio “Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe 2020”, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el cual sostiene que esa política fiscal no siempre favorecen proyectos de alta rentabilidad.

Explica que esos incentivos son herramientas para fomentar el ahorro, la inversión, proteger la industria nacional, promover o desincentivar la producción o el consumo de ciertos bienes y servicios, y estimular el empleo.

En las exoneraciones temporales de impuestos existe un alto riesgo de favorecer proyectos de alta rentabilidad que se hubiesen concretado aún sin esos incentivos, dice la Cepal, que también cita el estudio del Banco Interamerica de Desarrollo “ Eficiencia de los incentivos fiscales sobre las zonas francas de la República Dominicana, Costa Rica y el Salvador”.
Panorama regional

Los mayores gastos tributarios focalizados en la inversión y las empresas, en términos del PIB, se presentan en Chile y Uruguay con alrededor de 2,5% .

En el caso de Costa Rica y El Salvador (1,9% y 1,8% del PIB, respectivamente).
Los menores gastos tributarios se registran en Guatemala y Paraguay (menos de 0,7% del PIB).

El análisis por tipo de impuestos muestra que, en casi todos los países analizados, el costo fiscal de los tratamientos diferenciales, asociados al Impuesto al Valor Agregado es mayor que el correspondiente al impuesto sobre la renta y que el gasto tributario del impuesto sobre la renta de las empresas supera al de personas físicas.

Evaluar incentivos

El organismo precisa que es necesario que los países evalúen la efectividad de sus políticas de incentivos, de forma tal que, si no son efectivas para fomentar la inversión, la creación de empleo y el desarrollo sostenible, deberían ser revisadas o eliminadas.

El organismo recomienda a las autoridades supervisar a las empresas beneficiadas de los incentivos y solicitarles la información necesaria para realizar las correspondientes evaluaciones costo-beneficio.

También, que se incluyan un reporte de los beneficios tributarios recibidos, los puestos de trabajo creados, montos invertidos, exportaciones.

Además, señala, hay que focalizarse hacia una centralización de la concesión y administración de todos los incentivos tributarios nacionales en el Ministerio de Finanzas.

Para que así se evitan superposiciones y disminuye el riesgo de corrupción y captación de rentas. Añade que sí los costos beneficios de los incentivos no son los esperados los recursos sean destinados a financiar políticas sociales o invertir en infraestructura pública, indica la Cepal.

Otros análisis

El impacto
de los gastos tributarios relativos a empresas sobre las inversiones y el crecimiento aún no se ha evaluado en profundidad. Indica el estudio “Hacia un sistema tributario más eficiente” del Banco Mundial.