Una luz en el camino comienza a aparecer luego de la crisis política e institucional surgida luego de la suspensión de las elecciones municipales que debieron realizarse el 16 de este mes en todo el territorio nacional.

El Gobierno, la Junta Central Electoral (JCE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) dieron un paso al frente en la dirección de que la República Dominicana pueda superar la situación que amenaza su estabilidad económica y social, a pesar de que continúan protestas en diversas ciudades del territorio.

Hay que reconocer, asimismo, los esfuerzos que en ese sentido viene realizando el sector empresarial, a través de su liderazgo en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

Previo a eso, este diario había planteado la necesidad de que la coyuntura actual demanda: 1.- El esclarecimiento de los hechos que forzaron a la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero. 2.- La aplicación del régimen de consecuencias a los responsables de los fallos que impidieron la realización de las elecciones, ya sea debido a negligencia o por infracción. 3.- Generar un ambiente de entendimiento de los actores políticos, aun en medio de la competencia electoral, para que los comicios del 15 de marzo y del 17 de mayo (y el de la segunda vuelta en caso de ser necesaria) se celebren sin mayores contratiempos. 4.- Generar un compromiso nacional para que una vez pasado este proceso comicial se produzcan las reformas necesarias para dotarnos de un sistema electoral confiable, eficiente, robusto y justo.

Y es en ese contexto, que la administración gubernamental que encabeza el presidente Danilo Medina informó que había realizado contactos con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a fin que ese organismo realice una investigación que arroje luz sobre lo que pasó en el sistema de votación automatizado que dio lugar a la suspensión de las elecciones.

Además, le solicitó al Ministerio Público que suspenda su investigación que llevaba a cabo sobre este caso.

La JCE, de su lado, adoptó dos decisiones importantes: la formalización de la solicitud para que la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Unión Interamericana de Organismos Internacionales (Uniore) pusieran en marcha la investigación; y la suspensión del director de Informática del organismo, Miguel Angel García.

La República Dominicana se ha convertido en un ejemplo de crecimiento económico en América Latina, un lujo que no debe perder motivado a una crisis política e institucional.

Intereses políticos o de cualquier otra índole particular jamás pueden ser colocados por encina de los del pueblo dominicano, en vista de que al país hay que colocarlo en primer lugar.

Otra cuestión a tomar en cuenta es la enorme cantidad de recursos económicos que ha conllevado el montaje de elecciones primarias y las fracasadas municipales, pendientes aún las congresuales y presidenciales.

Calificativos como escandaloso, insostenible y excesivo han salido a relucir respecto a la respetable suma que habrá de asumir el Estado en los comicios de este año, en un país en el que aún están pendientes serios desafíos para afrontar exitosamente la reducción de la pobreza y de la desigualdad social.

Ahora corresponde a las agrupaciones y los movimientos políticos reconocidos que luchan por el control del poder, que también den el paso al frente con el propósito de restaurar la necesaria paz social y garantizar la celebración de elecciones transparentes en los procesos electores pendientes.