Nuestros amigos lectores saben que el euro es la moneda única prevaleciente en la denominada Eurozona, que es el conjunto de 17 países europeos que a partir del año 1999 formaron una unión monetaria.
A raíz del marcado deterioro en las finanzas públicas de algunos de los estados que componen el Eurozona, como Portugal, Irlanda, Grecia, España, entre otros, se viene produciendo un debilitamiento en las capacidades del euro.
Frente a esta creciente crisis, que cada vez ha requerido un mayor endeudamiento de las economías europeas deficitarias, los países más fuertes, encabezados por Francia, y sobre todo Alemania, han reclamado medidas que garanticen la estabilidad monetaria, a cambio de los sacrificios que les conlleva salir en socorro de las economías debilitadas de sus países vecinos.
Es así como recién se ha arribado al denominado Pacto del Euro, que pretende mediante un acuerdo entre todos los países de la Eurozona introducir reformas comunes que aseguren criterios y actos de gobierno coherentes con una reducción de los déficits fiscales.
Lo que se presupone como el fin de la era de bonanza post guerra de Europa, se fundamenta en el control y paulatina reducción de los déficits fiscales como antesala a una mayor estabilidad financiera, reformas a las finanzas publicas que aseguren una relación más íntima entre los ingresos y los gastos, y la formulación e implementación de políticas de empleo basadas en la competitividad.
Este recetario acordado permitirá la puesta en ejecución de un amplio plan de rescate financiero que podrá ser utilizado para el caso de una emergencia que se presente entre los países miembros.
Sin embargo, lo que realmente se persigue es evitar los causales que requerirían poner en vigor un plan de emergencia.
Las decisiones adoptadas por el Eurosistema de la Comisión Europea es pura y simplemente la lógica doctrinaria que deberían seguir todos los demás países, sobre todo aquellos más vulnerables a los ratings de las calificadoras de riesgo y los mercados financieros internacionales como el caso de República Dominicana.