El mantenimiento del orden público es una de las principales obligaciones del Estado, para lo cual éste cuenta con cuerpos especializados, como la Policía Nacional, y nadie más está facultado para participar en esa tarea. En eso tiene razón el secretario de Interior, doctor Franklin Almeyda, al rechazar la formación de grupos privados para enfrentar la delincuencia.
Lo malo es cuando la ciudadanía se siente poco protegida o detecta conexiones entre policías y bandidos. La reacción que se produce es de cuidarse cada uno como pueda y, en el peor de los casos, hacerse justicia por la propia mano. Tal es el caso de los linchamientos que cada vez con mayor frecuencia se registran en el país.
En algunos barrios de San Francisco de Macorís, por ejemplo, se han formado grupos armados para suplir el trabajo de la Policía. Por bien intencionados que estén esos ciudadanos, esa iniciativa está mal. Ojalá no sea imitada en otras poblaciones.
Pero no es con arengas públicas o palabras bonitas que se va a convencer a la gente para que se cruce de brazos a esperar que la autoridad cumpla su obligación. Hay que demostrar con hechos que se puede vencer a la delincuencia y que se puede confiar en la Policía. Difícil tarea, pero no imposible. Lo único que hay que hacer es
¡hacerlo!
El orden público