Pocas veces la expresión “repartirse el país” ha estado tan bien utilizada como ahora. No solo se trata del carácter de piñata que se le ha dado al erario, sino que ahora toca desgajar el territorio nacional para distribuirlo como un botín a nombre de un pacto firmado entre dos organizaciones políticas.
Los representantes de los poderes públicos, en especial del Ejecutivo y el Legislativo, al parecer confunden el concepto de “poder delegado” con el de “poder hipotecado”.
No es verdad que esos funcionarios electos tienen derecho a hacer lo que les venga en ganas en nombre de una representación que les fue concedida por el voto, pero bajo leyes y reglas del juego definidas que esos “representantes” violan o cambian a su antojo.
Un acuerdo para conseguir votos que faciliten una reforma constitucional sobre la base de nombramientos o de dividir el territorio nacional para que uno de los pactantes pueda “cobrar” el favor, sería una inmoralidad de doble vía.
Hablamos de instaurar el “modelo americano”, para la reelección, ¿pero es verdad que instauramos el modelo americano? ¿Habrá sanción para quienes usen los recursos públicos en la campaña electoral?
El respeto a las reglas del juego es lo más esencial del llamado “modelo americano”. Podemos empezar por ahí, y no por “repartir el territorio”.
