Interior y Policía y la aritmética del engaño

Antes se llamaban “intercambios de disparos”. Ahora el nombre cambió: “acciones legales”. La denominación cambió; la realidad, no. Lo que sí cambió —y eso es lo verdaderamente importante— fue la manera en que el gobierno decidió contabilizar a los fallecidos.

Desde 2020 hasta abril de 2026, se han registrado 958 fallecidos en operativos policiales clasificados como “acciones legales” o “intercambios de disparos”. En 2019, último año del gobierno anterior, esa cifra fue de 95. Lo que vino después no fue una reducción de la violencia como prometieron, sino su normalización bajo otro rótulo.

El gobierno celebra que bajan los homicidios. Sin embargo, parte de esa reducción se produce porque las muertes ocurridas en operativos policiales fueron excluidas de la tasa general de homicidios.

Ahí está la verdadera trampa estadística que necesita ser explicada con precisión: la categoría “acción legal” fue separada del conteo oficial de homicidios. El resultado es simple: el indicador mejora en el papel mientras en las calles siguen muriendo personas. No es necesariamente que exista menos violencia; es que se redefinió qué se contabiliza como violencia.

Los datos no admiten eufemismos. Entre 2022 y 2025, las muertes por “acciones legales” prácticamente se duplicaron, consolidando un patrón de alta intensidad sostenida. En 2026, con 93 fallecidos en apenas cuatro meses, el ritmo proyecta nuevamente más de 200 víctimas al cierre del año, con un promedio cercano a 23 personas por mes.

Lo que está ocurriendo no es únicamente un problema estadístico o procesal. La Constitución dominicana consagra el derecho a la vida como inviolable. Por consiguiente, el Estado tiene la obligación —no la opción— de investigar toda muerte provocada por los agentes y demostrar que el uso de la fuerza fue proporcional, necesario y aplicado como último recurso. Llamarle “acción legal” no sustituye esa responsabilidad institucional. En muchos casos, simplemente la diluye.

El país emprendió en 2021 un proceso de reforma policial que prometía transformar la institución en sus fundamentos: doctrina, formación, estructura de mando y protocolos de uso de la fuerza. Sin embargo, los datos reflejan que, precisamente en el aspecto más sensible —el uso letal de la fuerza—, la reforma no produjo los cambios esperados.

Cada año continúan muriendo cientos de jóvenes en operativos policiales sin que el Ministerio de Interior y Policía explique de manera transparente qué ocurrió en cada caso, cuáles investigaciones se realizaron y cuántos agentes enfrentaron consecuencias administrativas o judiciales. Y esa es, quizás, una de las evidencias más preocupantes del fracaso parcial de la reforma policial.

Cambiarle el nombre a la violencia no constituye una política de seguridad; constituye una estrategia de comunicación. Y gobernar la seguridad ciudadana a partir de indicadores depurados o redefinidos no representa éxito institucional.

La pregunta que el gobierno debe responder no es únicamente si bajaron los homicidios —un indicador cuya metodología ellos mismos han reconfigurado—, sino cuántas de esas 958 personas murieron porque verdaderamente no existía otra alternativa operacional y cuántas murieron en un sistema donde las estadísticas terminan sustituyendo la rendición de cuentas.

Mientras esa pregunta no tenga una respuesta institucional seria, las llamadas “acciones legales” seguirán siendo una categoría diseñada para aliviar la presión política del gobierno, no necesariamente para proteger la vida de los ciudadanos.

Lo que los datos del período 2024–2026 exigen no es otra declaración de preocupación ni otra rueda de prensa semanal. Exigen tres acciones concretas: una revisión independiente de los protocolos de uso de la fuerza; la creación de un mecanismo civil y autónomo de supervisión de operativos letales; y la reintegración de las muertes por “acciones legales” al cómputo oficial de homicidios, para que la sociedad dominicana pueda observar el cuadro completo de la violencia.

Porque los fallecidos en “acciones legales” o “intercambios de disparos” no pueden convertirse en cifras invisibles dentro de una narrativa política. Tienen que ser contados, investigados y explicados.

La seguridad ciudadana no seguirse construyendo sobre números maquillados. Se construye sobre un MIP responsable que rinden cuentas, sobre fuerzas policiales que usan la fuerza como último recurso, y sobre un gobierno que entiende que su legitimidad depende — también— de cómo trata a los que viven en los márgenes.