En el Congreso Nacional duerme el sueño de los justos un proyecto para la reforma integral de la Ley sobre Libertad de Expresión y Difusión del pensamiento (Ley No. 6132), sin embargo, se aprueba en un “santiamén” un mamotreto sacado de un sombrero de mago por parte de una senadora que viene a atentar contra ese sagrado derecho constitucional.
Se trata de un proyecto cuyo único destino es la extinción, sea porque la Cámara de Diputados actúe con inteligencia y lo rechace, o porque en caso de ser aprobado, el presidente de la República lo observe por inconstitucional, o que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional.
Sin embargo, aunque ese sea su destino, el proyecto pone de manifiesto la vocación autoritaria y troglodita de una parte importante de nuestra clase política.
Aunque físicamente hace 61 años cayó abatido el dictador Rafael Leonidas Trujillo, existen numerosas manifestaciones de trujillismo en el accionar nacional.
Utilizando como argumento el “buen nombre”, “la honra” y cosas como esas, se quiere pasar una ley que impone a la población una mordaza disfrazada.
Eso sí, el artículo 9 del proyecto ya aprobado en el Senado de la República excluye a los legisladores de cumplir esa legislación.
Se pone una guillotina sobre el cuello de toda una población, pues basta con que una persona (incluyendo a los servidores públicos) califique como de “su ámbito personal” una acción como para que no se pueda hacer referencia pública de la misma sin su previo consentimiento.
Aunque parezca absurdo, la letra de ese proyecto indica que para usted referirse a cualquier persona o su accionar tiene primero que pedirle permiso. Eso es lo que dice la letra de los artículos 5, 6, 7 y 8 del mamotreto aprobado por el Senado de la República.
Albergamos la certeza de que esa idea, salida de una cabeza con signos de autoritarismo (esta expresión estaría prohibida) y que germinó en otros 17 senadores, muera donde está, aunque ya nos mostró el criterio sobre la democracia de esos legisladores.
